La inestabilidad política en el Perú no es un fenómeno reciente. Sin embargo, la crisis de los últimos años ha profundizado la desconfianza en las instituciones y ha generado un desgaste en la capacidad del Estado para responder eficazmente a las necesidades ciudadanas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la percepción de ineficiencia en el sistema político ha aumentado, con más del 80% de los peruanos considerando que las disputas entre poderes afectan negativamente la economía y la calidad de vida.
Tal problema tiene efectos nocivos en múltiples niveles. En lo económico, genera incertidumbre para la inversión privada, un motor clave para el crecimiento. Proyectos importantes pueden paralizarse debido a la falta de consensos, lo que priva al Perú de recursos vitales para su desarrollo. Además, la inestabilidad afecta la implementación de políticas públicas de largo plazo, indispensables para resolver problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y el acceso limitado a servicios básicos.
En lo social, la polarización divide a la ciudadanía, exacerba los conflictos regionales y alimenta una narrativa de desconfianza que dificulta la construcción de un sentido colectivo de nación. Además, se debilita no solo las instituciones, sino también el tejido social, lo que puede derivar en protestas violentas, paralizaciones y un clima de incertidumbre generalizada.
Sería peligroso continuar por este camino. No solo se pondría en riesgo la estabilidad democrática, sino que también crea un vacío de liderazgo que puede ser aprovechado por actores populistas o antidemocráticos, generando aún más fragmentación y crisis. En un año preelectoral, es fundamental que los actores políticos pongan por delante el bienestar del país y trabajen en consensos que prevengan escenarios de confrontación.
La historia reciente del Perú demuestra que la estabilidad no se logra sin diálogo, responsabilidad y compromiso de todas las partes. Urge adoptar medidas que promuevan la cohesión política y social, como la reforma del sistema electoral, el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de una cultura política basada en el respeto y la cooperación.
Solo superando el enfrentamiento inútil será posible garantizar un futuro más estable el 2026, y sentar las bases de un gobierno que pueda enfrentar los retos del país con determinación y legitimidad. El 2025 debe marcar un punto de inflexión hacia un futuro de estabilidad y desarrollo.
