Política
La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N° 007-2025-PCM, publicado en edición extraordinaria de las normas legales del Diario Oficial El Peruano, y establece que las acciones las ejecutarán los gobiernos regionales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna; así como los gobiernos locales comprendidos en la norma, con la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diversos ministerios del Ejecutivo.
Los ministerios involucrados son Salud; Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Desarrollo Agrario y Riego; Interior; Defensa; Transportes y Comunicaciones; Energía y Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Desarrollo e Inclusión Social.
“Con esta medida, el Ejecutivo reafirma su voluntad política de liderar la respuesta articulada de los tres niveles de gobierno, el nacional, el regional y el local, para proteger la integridad de la población ante este fenómeno meteorológico”, destacó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Esta disposición se suma a otras medidas preventivas dispuestas por el Gobierno nacional, como la aprobación del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025-2027, que destina más de 3,000 millones de soles para ejecutar en este año 36 intervenciones en el territorio nacional destinadas a reducir la vulnerabilidad de la población ante las fuertes precipitaciones; la descolmatación de mallas en la quebrada La Ronda en Lurigancho-Chosica; y la decisión de movilizar maquinaria a la sierra sur del país, entre otras.
Por medio de un trabajo articulado intersectorial e intergubernamental se realizan trabajos de prevención en el marco del inicio de la temporada de lluvias, principalmente referidos a la descolmatación y limpieza de cauces de ríos y quebradas.
Fortaleza económica
Adrianzén destacó que la sólida gestión económica del país ha permitido un notable fortalecimiento de la inversión pública para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres de origen natural. “Podemos destinar los recursos necesarios para proteger a las poblaciones más vulnerables frente a esto fenómenos de origen natural. Los daños no se pueden evitar por completo, pero sí podemos minimizarlos con una gestión eficiente y oportuna”, enfatizó.