Derecho
“Los poderes del Estado debemos estar unidos para hacer frente a problemas mayores y dejar de lado enfrentamientos […] sentémonos a conversar sobre aspectos que interesan a la ciudadanía de tal forma que hagamos un frente común como, por ejemplo, contra la inseguridad ciudadana”, recalcó.
En una entrevista televisiva, la titular de la Corte Suprema de Justicia demandó, en tal sentido, reforzar y potenciar el sistema de administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, el cual permitirá coadyuvar en la lucha contra la impunidad.
Refuerzo
“Es el momento que potenciemos el sistema penal, no con normas que más bien lo debilitan; que reforcemos el sistema de flagrancia; que repensemos en todas las leyes emitidas y que no están en la línea de reforzar y potenciar el sistema de administración de justicia”, enfatizó.
Por ejemplo, dijo, la Ley N° 32130, recientemente promulgada por el Congreso de la República, no permite el inicio del juicio oral a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, así como a otros imputados. “Esa ley, publicada hace unos meses, permitió que el juicio oral a la exalcadesa de Lima y de otros se encuentre actualmente en apelación, cuando ya podría haber estado tramitándose”, expresó.
La magistrada manifestó que esta norma generó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que antes de la ley tenía 3,000 causas pendientes, registre un aumento en su carga a 14,000.
Restitución
La detención preliminar en casos de no flagrancia se debe restituir, afirmó Janet Tello, quien destacó también la necesidad de analizar la norma para que las investigaciones estén solo a cargo de los representantes del Ministerio Público.
La magistrada suprema sostuvo que las observaciones del Poder Ejecutivo a la referida norma sobre flagrancia se formularon de manera muy genérica, las cuales están nuevamente en el Parlamento para su revisión. “En todos los foros estamos pidiendo que la restituyan como mecanismo de lucha contra la delincuencia”, recalcó.
En el Poder Legislativo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos está recabando la opinión de los representantes de sectores vinculados a la administración de justicia y especialistas destacados en la materia para tratar las observaciones del Gobierno.