Economía
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia
Este planteamiento viene siendo evaluado a nivel técnico por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que han avanzado el tema en reunión con ejecutivos de Cálidda.
Alcance
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, explicó que la ampliación del contrato, mediante adenda, permitirá masificar el gas natural.
Además, beneficiar a pobladores de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, con lo cual se contribuye a cerrar brechas de manera descentralizada, como foco principal del Gobierno.
El ministro detalló que esta adenda forma parte de un paquete de proyectos que el Gobierno estima viabilizar en el primer semestre del presente año y que incluye energía, gas, transporte (aeropuerto) e irrigación, entre otros.
En ese encargo especial, el MEF empoderó a ProInversión para liderar estos procesos que en su mayoría son mediante Asociación Público–Privada (APP).
Por su parte, el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, complementó que la propuesta de Cálidda considera la construcción de 2,500 kilómetros de redes de distribución de gas, con una inversión mayor a los 1,600 millones de soles, sin aportes del Estado.
Dijo que la ejecución del proyecto permitirá, inicialmente, la conexión de 150,000 hogares y beneficiará a cerca de 800,000 pobladores.
Con ello, “las familias accederán a una fuente de energía más económica, limpia y segura”, puntualizó.
Concesión
Cálidda tiene una concesión por 33 años (desde el 2000) para diseñar, construir y operar el sistema de distribución de gas natural en Lima y el Callao.
Realizó conexiones para uso residencial, comercial, industrial y vehicular en 41 de 43 distritos mediante de 18,000 kilómetros de redes construidas por 1,700 millones de dólares.
Para concretar la masificación en siete regiones, Cálidda cuenta con el Grupo Energía Bogotá como principal accionista que plantea ampliar el periodo de concesión vigente.