Editorial
“[...] se podría imponer mayores requisitos para la inscripción y permanencia de partidos, exigiendo una base real de militantes activos y no solo firmas recolectadas de manera circunstancial”.
Estos problemas ya los estamos experimentando. La fragmentación partidaria no es un fenómeno nuevo en Perú. En las últimas décadas, el Congreso ha sido testigo de la conformación de grupos parlamentarios volátiles, causado por la debilidad institucional de los partidos. La proliferación de organizaciones políticas sin bases ideológicas sólidas ni programas coherentes ha convertido al Legislativo en un escenario de alianzas efímeras. Por extensión, esto solo afecta la estabilidad del Gobierno y debilita la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Si bien la reforma electoral del 2020 estableció mayores requisitos para la inscripción de partidos, como la necesidad de afiliaciones mínimas y elecciones internas, no ha sido suficiente para evitar la proliferación de agrupaciones. Muchas de ellas carecen de estructuras organizativas reales y funcionan como “vientres de alquiler”, ofreciendo candidaturas a figuras con intereses particulares antes que a verdaderos liderazgos políticos.
Para hacer frente a esta situación, han surgido propuestas con miras a reducir el número de postulantes por medio de alianzas entre partidos. En teoría, tal estrategia podría consolidar fuerzas políticas con afinidades programáticas y evitar la dispersión del voto. Sin embargo, en la práctica, la cultura política en el país se ha caracterizado por ser renuente a la formación de coaliciones duraderas. Las alianzas suelen ser pragmáticas y de corto plazo, disolviéndose apenas concluye el proceso electoral.
Enfrentar este problema de raíz exige que se consideren reformas más estructurales. Primero, se podría elevar el mínimo de votos para que un partido acceda al Congreso. Esto desalentaría las candidaturas sin respaldo sólido y fomentaría la concentración del espectro político en fuerzas más estructuradas. Además, se podría imponer mayores requisitos para la inscripción y permanencia de partidos, exigiendo una base real de militantes activos y no solo firmas recolectadas de manera circunstancial.
Por último, la ciudadanía tiene un papel clave. Mientras los electores continúen apostando por opciones políticas improvisadas, la crisis de representación se mantendrá. Se requiere una cultura política más informada y exigente, que privilegie la institucionalidad por encima del caudillismo o de los intereses inmediatos. La pluralidad política es fundamental, pero un sistema político sobrepoblado de siglas sin contenido solo agrava la inestabilidad que tanto preocupa al país.