Opinión
Periodista
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Uno de los principales efectos negativos de la criminalidad es la disminución de la inversión privada. Los empresarios necesitan estabilidad y seguridad para operar, pero cuando la extorsión, los robos y la violencia se vuelven moneda corriente, muchos optan por trasladar sus negocios a otras regiones o, en el peor de los casos, a abandonar sus emprendimientos. Esta situación se agrava cuando las mafias comienzan a ejercer un control territorial, cobrando cupos a comerciantes y emprendedores, lo que encarece la actividad económica y desalienta la formalización.
El turismo, otro pilar fundamental de la economía peruana, también se ve afectado. Ciudades con gran atractivo, como Lima o Trujillo, han sido golpeadas por el aumento de la delincuencia, generando una percepción negativa en el exterior. La inseguridad ahuyenta a los visitantes y reduce los ingresos del sector, afectando a miles de familias que dependen de esta industria.
A nivel social, la criminalidad deteriora la confianza entre los ciudadanos y limita la libertad de movimiento. Además, el aumento de la violencia también repercute en la fuga de talento, ya que profesionales calificados buscan migrar a países con mejores condiciones de seguridad.
Frente a este panorama, es fundamental que el Estado implemente medidas urgentes y efectivas para combatir este problema. El gobierno no ha descartado plantear la aprobación de la pena de muerte para criminales. Aun cuando la indignación muchas veces lleva a las personas a clamar por un castigo de ese tipo para autores de crímenes execrables, la experiencia en otras latitudes indica que dicha medida no disminuye los índices delictivos. Debe considerarse, además, que no es aplicable en el Perú en virtud de los compromisos internacionales asumidos.
Por ello, un paso más razonable sería optar por estrategias de eficiencia comprobada como fortalecer la inteligencia policial, modernizar los sistemas de seguridad y garantizar que las fuerzas del orden actúen con rapidez y eficiencia. Asimismo, es crucial mejorar el sistema judicial para evitar la impunidad y aplicar sanciones efectivas. Sin una reforma estructural en estos ámbitos, cualquier medida será insuficiente.
Si el Perú quiere garantizar su crecimiento y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, debe actuar con firmeza. De lo contrario, la violencia seguirá siendo un obstáculo insalvable para el progreso y la estabilidad.