En el ámbito de la infraestructura pública, el tiempo es tan importante como el dinero. En el reciente publicado Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, se ha añadido una forma que promete cambiar la manera en que se realizan las obras públicas: la ejecución rápida, también llamada fast track. Esta metodología, mencionada en el artículo 204 del Reglamento, permite que el diseño y la construcción de un proyecto se lleven a cabo al mismo tiempo, lo que mejora los tiempos y acelera la realización de los proyectos. ¿Es esta la solución a los retrasos antiguos en la realización de obras o un camino arriesgado con costos que no se ven?
En el papel, el fast track tiene muchas ventajas. Para empezar, acorta el tiempo de los proyectos dejando que la ejecución empiece antes de que el expediente técnico esté totalmente listo. En América Latina, donde los retrasos pueden detener proyectos por años, esto es una opción nueva e interesante. Además, permite cambiar costos y detalles al instante, reaccionando a eventualidades con más facilidad.
Sin embargo, el éxito de este método depende de una ejecución exacta y de la habilidad técnica de las entidades contratantes. La normativa dice que para usar el fast track, la entidad debe haber realizado al menos dos contratos antes con el modelo de diseño y construcción en la misma área. Esto intenta prevenir que organizaciones sin experiencia participen en un proceso que, si no se maneja bien, puede llevar a gastos adicionales, problemas en los contratos y una falta de control sobre la calidad del trabajo.
Los críticos de esta modalidad señalan los riesgos que vienen con la superposición de fases. En el modelo tradicional, los proyectos se desarrollan de manera lineal: primero se realiza el diseño, después la licitación y por último la construcción. Esto ayuda a encontrar errores antes de que se conviertan en gastos que no son necesarios.
Con el fast track, las correcciones pueden aparecer durante la ejecución, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo de perder dinero. Uno de los temas más debatidos es el requisito de tener experiencia previa para usar esta metodología. Aunque la norma establece requisitos para las entidades que contratan, no hay ninguna garantía de que los contratistas tengan la habilidad necesaria para manejar estos procesos de forma eficiente. Además, el uso de herramientas para estimar costos y cantidades desde el principio no siempre evita problemas con el presupuesto.
En otros países, el fast track ha funcionado bien en proyectos grandes, especialmente en áreas como el transporte y la energía. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha usado mucho para acortar los tiempos en la construcción de aeropuertos y hospitales. Sin embargo, estos proyectos generalmente tienen organizaciones muy especializadas y una regulación sólida para reducir riesgos.
La pregunta principal es si Perú está preparado para usar el fast track de forma generalizada. La normativa, aunque con buenas intenciones, puede enfrentar dificultades al ser puesta en práctica. La falta de planificación en la administración pública, la burocracia rígida, la corrupción o falta de personal calificado puede disminuir los beneficios que esta metodología busca ofrecer.
A pesar de estos problemas, el fast track es una oportunidad para innovar en la forma en cómo se gestiona la infraestructura en el país. Si se aplica con atención técnica y se mejora la supervisión, podría ser una herramienta importante para reducir las faltas en infraestructura y atender mejor las necesidades de la gente, ello siempre con un adecuado control.
Lo importante es cómo se lleva a cabo. Las entidades que contratan deben asegurar que los procesos sean claros, que los contratistas estén calificados y que haya buenos métodos de supervisión. Solo de esta manera, el fast track podrá cumplir su promesa de acelerar el desarrollo sin afectar la calidad y el uso efectivo de los recursos públicos.
