Editorial
La lista de consecuencias de la minería ilegal es extensa. En primer lugar, ocasiona un impacto negativo muy profundo en los delicados ecosistemas donde opera, que sufren una intensa contaminación de aguas y suelo por metales, así como deforestación indiscriminada y la destrucción de hábitats de valiosas especies de fauna y flora silvestre, entre otras.
No obstante, no se trata del único mal. La minería ilegal, la mayoría de veces, se vincula con bandas organizadas dedicadas a delitos como la trata, el narcotráfico, la tala ilegal, el lavado de dinero y la corrupción. Asimismo, varios líderes de las comunidades que viven en las zonas afectadas han pagado con sus vidas la defensa de sus territorios ancestrales.
Esta situación intensifica el clima de inseguridad que afecta a los peruanos, por lo que se encuentran plenamente justificadas las recientes medidas anunciadas por el Gobierno con miras a frenar a las organizaciones delictivas vinculadas con esta actividad que operan en la provincia de Pataz, región La Libertad, y que son las responsables de graves atentados contra el orden, la propiedad pública y privada, y de crímenes atroces como la reciente masacre de 13 ciudadanos.
En ese contexto, entre otras medidas, el Gobierno anunció la creación de un comando unificado cuya labor será articular y coordinar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú contra la minería ilegal en Pataz, el cual será conducido por un general del Ejército. Asimismo, informó que las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno y que entrará en vigor un toque de queda entre las 18:00 y las 06:00 horas, con la finalidad de garantizar la seguridad de la población.
El país espera que estas disposiciones arrojen resultados positivos en el corto plazo y que la minería ilegal sea desterrada de Pataz y de todo el territorio nacional lo antes posible. Para lograr dicho objetivo, sin duda, será necesario el concurso de todos los sectores, sean públicos y privados, dado que la respuesta a tal fenómeno delictivo no puede ser aislada, sino un esfuerzo articulado y con una necesaria dimensión social, como bien lo ha entendido el Gobierno al anunciar la próxima instalación de una mesa de diálogo en la que tendrán participación el Estado y los distintos actores sociales de la provincia y cuyo objetivo será alcanzar acuerdos que impulsen el desarrollo local en un clima de seguridad y de paz.
El país no puede ceder ante la minería ilegal o cualquier otra actividad delictiva. Por el contrario, resulta indispensable actuar sin dilaciones con toda la fuerza que la ley le confiere al Estado contra este flagelo y siempre en el marco de un irrestricto respeto a la legislación vigente y a los derechos humanos.