Editorial
“Es preciso, en consecuencia, definir las estrategias a adoptarse con miras a garantizar que el crecimiento no sea solo momentáneo, sino que además más bien obedezca a un impulso estructural de nuestra economía [...]”.
En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza en el Perú se redujo de 9 millones 781,000 a 9 millones 395,000, según el INEI. En definitiva, tales resultados marcan un punto de inflexión después de tres años consecutivos de incremento sostenido de la pobreza, un fenómeno que comenzó en el 2020 tras el fortísimo impacto económico negativo causado por la pandemia del nuevo coronavirus en el país.
En el ámbito urbano, la pobreza disminuyó de 26.4% a 24.8%, mientras que en las zonas rurales la reducción fue más leve, pasando de 39.8% a 39.3%. Esta discrepancia resalta una realidad preocupante: el crecimiento económico sigue sin llegar de manera uniforme a todos los sectores de la población. A pesar de la leve mejoría, las brechas entre el ámbito urbano y el rural persisten y evidencian la necesidad de políticas públicas focalizadas en los sectores más vulnerables.
Es importante recordar que, antes del estallido de la pandemia del nuevo coronavirus, la pobreza monetaria en Perú se situaba en 20.2%. No obstante, el 2020, con un incremento abrupto hasta el 30.1%, dejó al descubierto las fragilidades estructurales del país en términos de empleo, informalidad y acceso a servicios básicos. Desde entonces, el país ha enfrentado un arduo proceso de recuperación que ha logrado ciertos avances importantes, pero que aún tiene largo camino por recorrer para alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria.
Las cifras presentadas por el INEI deben interpretarse no solo como una mejora coyuntural, sino también como una oportunidad para intensificar las medidas implementadas que han conseguido este avance. Es preciso, en consecuencia, definir las estrategias a adoptarse con miras a garantizar que el crecimiento no sea solo momentáneo, sino además que más bien obedezca a un impulso estructural de nuestra economía. Asimismo, resulta imprescindible adoptar medidas que extiendan los beneficios del progreso económico a los sectores más vulnerables y excluidos del país, como por ejemplo la población asentada en el ámbito rural.
La consolidación de un crecimiento económico inclusivo debe ser un objetivo prioritario para el próximo ciclo de gobierno. Programas orientados a la reactivación económica, el impulso del empleo formal y la mejora en el acceso a servicios esenciales pueden ser clave para evitar retrocesos y asegurar que las cifras positivas del 2024 no sean un caso aislado, sino el inicio de un proceso sostenido de reducción de la pobreza en Perú.