Derecho
A criterio de la jueza suprema Elvira Álvarez Olazábal, esta ley significa un retroceso para la protección de los derechos de dicho grupo etario e incumple con los compromisos internacionales asumidos por el país, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene más de 35 años de vigencia.
“Tanto los organismos internacionales como las instituciones del sistema de justicia, incluida la Fiscalía, respaldan una sola línea de acción para evitar la vigencia de esta normativa mediante una derogatoria inmediata o si es factible la acción de inconstitucionalidad”, señaló.
La jueza suprema destacó, además, que existen directrices de las Naciones Unidas (Reglas de Beijing y Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad), que concuerdan en que no se puede procesar como adultos a los adolescentes.
Pronunciamiento
A la par, Álvarez Olazábal resaltó que tres agencias de este organismo internacional –el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)– ya emitieron un pronunciamiento sobre el particular.
Esta declaración recuerda que la citada convención obliga a los Estados parte a dar una respuesta penal diferenciada para adolescentes sin excepción, así como a contar con leyes, procedimientos e instituciones especializadas que tomen en cuenta su proceso de desarrollo y evolución.
“La ley aprobada acrecienta el riesgo de que los adolescentes cumplan penas junto con adultos, lejos de lograr su rehabilitación, sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal”, recalca el pronunciamiento de Naciones Unidas.
La citada ley modifica los códigos Penal (D. Leg. N° 635) y de Responsabilidad penal de adolescentes (D. Leg. N° 1348).
Estadística
De acuerdo con los informes de Evaluación Política Multisectorial de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, solo el 2% de adolescentes en conflicto con la ley penal están inmersos en temas de criminalidad. De esta cifra, conforme a los datos estadísticos del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), los dos delitos con mayor incidencia son contra el patrimonio (robo, robo agravado, hurto) y violación sexual.