Política
Se trata de proyectos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) distribuidos entre el ministerio, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Entre los proyectos más emblemáticos figuran la construcción y ampliación de seis penales en Piura, Bagua Grande, Trujillo, Ica, Ancón y Venado Pampa, con una inversión de 1,182 millones de soles, que permitirán sumar 2,341 unidades de albergue al sistema penitenciario.
Llamado
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, hizo un llamado a los gremios empresariales para que inviertan en los proyectos priorizados por el Minjusdh a fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
“Hay que invertir en seguridad porque representa un paso importante para prevenir el delito, mejorar el sistema penitenciario y contribuir con la política del Gobierno en el combate contra la criminalidad organizada”, expresó el jefe del Gabinete Ministerial durante la presentación.
Durante su intervención, Arana destacó que esta iniciativa refleja el firme compromiso del Gobierno de combatir frontalmente la delincuencia y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
Al respecto, el titular de la PCM recordó que en los últimos años se han promovido múltiples acciones para modernizar el sistema penitenciario, como la incorporación de inteligencia artificial en los sistemas de seguridad de los penales, la aprobación de una ley que sanciona a las empresas de telecomunicaciones cuya señal alcance estos centros, la implementación del bloqueo de señal en 28 cárceles del país y la mejora en las condiciones salariales del personal que trabaja en estos espacios .
Enfoque técnico
Por su parte, el titular del Minjusdh, Juan Alcántara, detalló que el portafolio se ha diseñado con un enfoque técnico, estratégico y socialmente responsable.
“Estas obras son más que edificaciones de cemento y fierro, son apuestas por un Estado más moderno, más eficiente y más cercano a las necesidades de sus ciudadanos”, expresó.
El ministro también destaca la reactivación del megapenal de Ica, una obra paralizada desde el 2020 y “que hoy, gracias al esfuerzo técnico y político realizado desde la gestión del Ministerio de Justicia cuenta con expediente técnico aprobado y una inversión estimada en 602 millones soles que añadirá 3,168 unidades de albergue”.
Asimismo, en la cartera se encuentra el Sistema de Inspección Penitenciaria valorizado en 71 millones de soles, la implementación de un sistema centralizado de monitoreo con inteligencia artificial por 25 millones de soles y el mejoramiento del servicio de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal, con cuatro proyectos estratégicos en Piura, Pucallpa, Huancayo y Arequipa, por un total de 315 millones de soles.
Explicó que esta cartera se ejecutará en coordinación con el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres), creado en marzo de este año, con el propósito de reforzar el sistema penitenciario mediante inversiones integrales y sostenibles, sumadas a intervenciones comunitarias de carácter preventivo.
“Invitamos al sector privado a sumarse con decisión y convicción a este esfuerzo nacional. El momento es ahora. Invertir en justicia es invertir en futuro. Invertir en derechos humanos es invertir en democracia. Y hacerlo juntos, es la única vía para alcanzar resultados sostenibles y con verdadero impacto social”, expresó el ministro Juan Alcántara.
Encuentro en Cajamarca
El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, llegó a Cajamarca y se reunió con el gobernador regional Roger Guevara y alcaldes distritales, con el objetivo de atender sus demandas y preocupaciones frente al avance de la minería ilegal en la región.
En el encuentro participaron también los ministros de Defensa, Walter Astudillo; del Interior, Carlos Malaver; y de Energía y Minas, Jorge Montero; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Ojeda; y el alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre.
Las autoridades locales advirtieron que operadores informales se amparan en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para evitar fiscalizaciones e incluso denunciaron que organizaciones criminales captan a pobladores como colaboradores, lo que agrava el riesgo en sus territorios.
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