Política
“El Estado debe acoger, proteger, ordenar a los ciudadanos que trabajan dentro de la ley y que quieren formalizarse, a ellos hay que darles todo el apoyo legal”, declaró a la prensa a su llegada al Parlamento.
Precisó que desde el 2010, cuando se inició el proceso de ordenamiento de la pequeña minería y minería artesanal, solo se formalizaron 2,000 mineros de 90,000.
“No es fácil, simple; invoco a un amplio debate del tema sin estigmas, sin leyendas negras, sin discriminar a nadie. Busquemos salidas a este tema, el precio del oro ha subido de 1,500 hace unos años a más de 3,000 dólares onza troy, y se presume que subirá a 4,000 o 5,000; es una riqueza que el Perú no está aprovechando bien”, refirió.
Sostuvo que la reglamentación de la ley que amplía el Reinfo otorga al Ministerio de Energía y Minas la competencia de la formalización, facultad que estuvo en manos de gobiernos regionales que no mostraron efectividad, pues en el 2023 solo se formalizó a dos o tres mineros.
Consultado sobre la autorización de viaje de la presidenta Dina Boluarte a Quito para participar en la toma de mando del presidente Daniel Noboa, el titular del Parlamento manifestó que se trata de una visita positiva.
Argumentó que la Mandataria personifica a la nación y conduce la política exterior, y que deben ser los parlamentarios los que tomen una decisión sujeta al interés nacional.
Inmunidad
En cuanto al retorno de la inmunidad parlamentaria, aprobado en la Comisión de Constitución, Salhuana aseguró que la “inmunidad no es impunidad” y que se trata de una atribución que tienen todos los congresos del mundo. “No es exclusivo del Perú”, manifestó.
Para que un congresista sea denunciado por cualquier tipo de delito, explicó, debe haber una autorización del Parlamento, que en 30 días evalúa si la imputación tiene connotación política.
Indicó que esta prerrogativa no protege de los delitos cometidos antes del ejercicio de la función parlamentaria, pero si ocurriese un delito flagrante en el ejercicio de esa función, el legislador inmediatamente será puesto a disposición del Congreso y, luego, de la Corte Suprema de Justicia.
“No hay impunidad, sino una protección para evitar denuncias por naturaleza o de índole política, los delitos comunes se procesan normalmente”, puntualizó.