Opinión
Periodista
fgutierrez@editoraperu.com.pe
Este, como se sabe, permite que cualquier persona pueda ejercer este oficio, sin necesidad de pertenecer a algún colegio de periodistas. Esto, si bien guarda relación con los estándares internacionales del ejercicio de la libertad de expresión, ha abierto la puerta de esta labor incluso a quienes no han estudiado sus fundamentos. La Ley N° 26937, emitida en marzo de 1998, consolidó dicha apertura. 27 años después, dicha norma no ha conllevado fortalecer la institucionalidad dentro del periodismo, por el contrario, su aplicación ha abonado a favor de intereses extraperiodísticos, más cercanos a las aspiraciones de quienes regentan los medios de comunicación; además de haber debilitado la representatividad gremial. Esta ha venido recuperándose solo en tiempos recientes, a través de determinadas dirigencias nacionales y departamentales.
Por lo general, los intentos de fortalecer legislativamente el ejercicio periodístico, sus fueros y su representatividad suelen caer en saco roto o terminan estrellados contra la indiferencia. Se frustra así la posibilidad de que los periodistas contemos con mejores herramientas y mecanismos para la defensa del gremio y para el mejoramiento de las condiciones en las que desempeñamos nuestras labores. ¿A quién favorece mantener ese orden de cosas? Sin duda, a quienes les cuesta dejar de tener la sartén por el mango. Las ventajas que una situación de permisividad como esta les genera a los dueños de esas cocinas, les permite recurrir a insumos de dudosa calidad y procedencia. Por cuestión de intereses extraperiodísticos, estos terminan teniendo una notoriedad que merma y afecta a la imagen de los periodistas de carrera. La praxis de dichos individuos -por lo general carente de profesionalismo y ética– es la que finalmente prevalece en la percepción de la audiencia y lleva a esta a meter en un mismo saco a periodistas y a quienes se hacen pasar por estos.
En ese contexto, las críticas del ciudadano de a pie no dejan de ser justificadas. A ellas se suman las de los políticos y funcionarios. Pero ¿cuántos de ellos han planteado soluciones para este problema? ¿Cuántos se han acercado a los periodistas para conocer sus necesidades y para ayudarlos a mejorar sus aptitudes y condiciones de trabajo? Hasta ahora, el silencio es lo único que responde a preguntas como esas.