Derecho
La ley aprobada incorporó los planteamientos de cuatro proyectos de ley orientados a la derogación de la Ley Nº 32064. En el proceso de elaboración del dictamen se consideraron las opiniones técnicas de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como los aportes de la sociedad civil.La Ley N.º 32064 fue aprobada por insistencia en la sesión del pleno del Congreso del 12 de junio del 2024, tras haber sido observada previamente por el Poder Ejecutivo. En virtud de esta aprobación, la norma fue promulgada directamente por el presidente del Congreso el 18 de junio del mismo año.No obstante, en agosto del 2024, la actual gestión de la Contraloría General de la República decidió suspender la eficacia del reglamento y del plan de implementación de la Ley N.º 32064, luego de una revisión técnica integral respecto al uso del presupuesto asignado a la entidad.Mediante resolución publicada el 16 de agosto de 2024, en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, la Contraloría sustentó su decisión en informes técnicos emitidos por las gerencias de Capital Humano, Modernización y Planeamiento, y Asesoría Jurídica. Uno de los principales hallazgos fue el elevado costo que implicaría la implementación de la carrera del auditor gubernamental.Según proyecciones de la Contraloría, los gastos asociados a conceptos como personal, obligaciones sociales y contribuciones a la seguridad social ascenderían a 341 138 784 soles en el 2024 y a 976 280 914 soles en el 2025.