Derecho
La iniciativa, contenida en los proyectos de ley 03864/2022-CR, 4786/2022-CR, entre otros, busca corregir las brechas y desigualdades previsionales que durante años han afectado a los docentes del país.La propuesta establece el pago de una pensión destinada a la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial, otorgando una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual correspondiente a la primera escala magisterial.Asimismo, garantizará que estos docentes reciban una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida digno.El texto sustitutorio contempla una pensión proporcional para los profesores retirados de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, incluidos en los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y bajo la Ley 29944.En particular, los afiliados al SPP recibirán pensiones equivalentes al monto de la RIM correspondiente a la primera escala magisterial, las cuales serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación.Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, congresista Ilich López Ureña (AP), explicó que el actual sistema previsional es fragmentado e inequitativo, afectando especialmente al magisterio.«Los docentes cesantes perciben pensiones muy por debajo del salario mínimo, lo que atenta contra su derecho a una vejez digna y desincentiva su ingreso o permanencia en la carrera docente», señaló.López Ureña destacó que la situación de los maestros afiliados al SPP es crítica, pues sus pensiones dependen exclusivamente del ahorro individual, sin garantías estatales ni mecanismos de nivelación.«Es hora de que el Estado reconozca el valor del trabajo educativo y su impacto en el desarrollo nacional», enfatizó.Durante el debate, congresistas de diversas bancadas manifestaron su respaldo a la norma. Segundo Montalvo (PL), Alex Paredes y Paul Gutiérrez (BMCN), y Waldemar Cerrón (PL) resaltaron la necesidad de reparar una deuda histórica con el magisterio.No obstante, también hubo voces que alertaron sobre el impacto fiscal de la medida. El congresista Alejandro Cavero advirtió que la norma podría representar un costo anual de hasta 4 mil millones de soles para el Estado y mencionó que la propuesta cuenta con opinión negativa del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación. Por ello, planteó una cuestión previa para que el dictamen regrese a la Comisión de Presupuesto.En la misma línea, los congresistas César Revilla y Patricia Juárez hicieron un llamado a la prudencia fiscal. «No podemos caer en excesos en un contexto de déficit fiscal», indicó Juárez.El dictamen fue aprobado en primera votación con 54 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones. La propuesta será sometida a segunda votación tras transcurrir siete días calendario.
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— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) June 5, 2025