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El acto representa la buena fe de las partes y el compromiso de los representantes del Estado.
Los acuerdos alcanzados –aseveró– son producto del diálogo para avanzar en el saneamiento, desarrollo integral intercultural, remediación ambiental y titulación de tierras que impactarán en la vida de miles de pobladores del lugar.
El documento firmado “representa el camino que queremos seguir para disminuir la pobreza y alcanzar la igualdad que nos permita lograr una verdadera integración social”, recalcó.
Entendimiento
Jara reconoció la labor que cumplen los apus y manifestó que las conversaciones en los diferentes espacios es un camino necesario que permite entendernos en democracia.
“El Gabinete que presido puso especial énfasis en su disposición al diálogo, el que se traduce en un proceso de búsqueda de instrumentos de gestión eficaz de las controversias y al concurso de las instituciones llamadas a desempeñar su papel en cada circunstancia.”
Para la jefa del Gabinete Ministerial, “es difícil llegar a un entendimiento si no hay buena fe, por lo que también este acto representa la buena fe de las partes y el compromiso de los representantes de los diferentes sectores del Ejecutivo, también presentes, de cumplir lo acordado”.
Destacó que ayer se dio cuenta de los resultados de un proceso que se inició hace dos años, desde la instauración de la primera Comisión Multisectorial, y que evidencia el compromiso del Gobierno de avanzar en la solución de temas necesarios para el desarrollo de los pueblos de las cuatro cuencas y del país.
Fortalecimiento
“Reconocemos la necesidad de continuar fortaleciendo nuestros espacios de diálogo con las comunidades indígenas, pero también la necesidad que los diferentes niveles de gobierno, local, regional y nacional, continúen fortaleciendo lazos para así lograr la real implementación de políticas públicas, especialmente sociales, que faciliten cerrar las aún existentes brechas de desigualdad.”
Jara precisó que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad realizará el seguimiento y velará por el cumplimiento de cada uno de los compromisos suscritos con los representantes de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.
En la suscripción estuvieron presentes los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse; del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; y de Educación, Jaime Saavedra; así como las titulares de Cultura, Diana Álvarez-Calderón; de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante; y de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.
Las comunidades estuvieron representadas por los presidentes de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), Aurelio Chino; de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (Feconaco), Carlos Sandi; y de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) del Marañón, Alfonso López.
Justicia social
Ana Jara consideró que el actual gobierno está adquiriendo compromisos importantes con las comunidades indígenas y sostuvo que en Loreto 100,000 habitantes de cuatro cuencas alcanzarán la justicia social. “Hoy hemos cerrado un capítulo de oídos sordos, un capítulo de indiferencia, de explotación; hoy hemos cerrado una triste página de la historia del Perú para abrir la página del desarrollo”, manifestó al comentar el acuerdo. En el gobierno del presidente Ollanta Humala no existen ciudadanos ni de segunda, tercera o cuarta categoría, aseveró.
Fondo
El acuerdo establece la creación de un fondo inicial de 50 millones de nuevos soles para la remediación ambiental de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, afectadas por los hidrocarburos.
El Estado garantizará la remediación ambiental en el Lote 1AB, para lo cual se exigirá el cumplimiento de un plan de abandono al operador responsable que considerará los sitios contaminados, identificados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los hallazgos determinados y otros que resulten pertinentes.
Además, se potenciará la intervención del Seguro Integral de Salud y la implementación de la estrategia nacional y plan integral de salud los pueblos indígenas, en beneficio de más de 100,000 nativos de las cuencas loretanas.
Los compromisos son producto de un proceso de diálogo intercultural, donde primó la buena fe, la transparencia y una decisión política del Gobierno, se resaltó.