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Restitución urbana: nueva exigencia legal para la conformidad de obra en debate

Suplemento legal Jurídica.


Editor
Manuel Madrid Tataje

Abogado Urbanista


La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco propuso al Congreso modificar la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, para incorporar como requisito para la obtención de la conformidad de obra y la declaratoria de edificación de las construcciones la restitución efectiva de la infraestructura urbana pública que haya sido afectada durante el proceso constructivo.

La propuesta busca modificar dos artículos esenciales de la Ley N° 29090. En el artículo 13° se incorporaría como obligación del titular de la licencia de edificación el deber de restituir todo componente del espacio público que haya sido afectado por la obra. Y, en el artículo 28°, se añadiría como nuevo requisito para obtener la conformidad de obra un informe técnico de la comuna que acredite que esta restitución se ha realizado de manera efectiva.

No se trata de una exigencia simbólica, sino de una corrección necesaria a un vacío legal: en la actualidad, muchas obras culminan sin haber reparado los daños ocasionados a veredas, rampas, calzadas o áreas verdes colindantes. Y aunque dichos daños son evidentes, en la práctica no hay mecanismos normativos eficaces que permitan a los gobiernos locales condicionar la obtención de esta certificación de obra a la reparación del entorno afectado.

Así, es legítimo que ciertos actores del sector privado expresen preocupación sobre la posible incorporación de un nuevo requisito dentro del procedimiento de edificación. Se argumenta que podría haber un mayor costo, una nueva etapa administrativa, e incluso un nuevo motivo de retrasos. Pero es necesario hacer una distinción fundamental: esta propuesta no introduce un trámite adicional, sino un principio de corresponsabilidad.

La obligación de restituir lo dañado de ninguna manera no debe ser vista como una traba, sino como un estándar mínimo de civilidad urbana. Lo que se propone es que el derecho a edificar no se ejerza de forma desconectada del deber de conservar y devolver en buen estado aquello que es de todos: el espacio público. Esta lógica debiera propiciar reglas claras, previsibles y justas.

El impacto real de la propuesta sobre los costos es, además, marginal. Toda obra con una planificación profesional ya contempla costos de limpieza, desmontaje, y acondicionamiento del entorno. Este proyecto no exige nada más que aquello que debería ser parte del ciclo constructivo responsable.

¿Qué ocurre ahora en Lima?
Usualmente, las municipalidades no cuentan con mecanismos administrativas ni económicos eficaces para exigir la reparación. En muchos casos, la empresa ya entregó el edificio, vendió los departamentos y desapareció del mapa. ¿Quién responde entonces por la calidad del entorno? Nadie. Y los costos terminan asumiéndolos los vecinos y contribuyentes.

Este deterioro urbano afecta especialmente a las poblaciones vulnerables: adultos mayores que deben sortear veredas desniveladas –o inexistentes–, personas con discapacidad que pierden acceso por falta de rampas, niños que deben circular por las pistas por ausencia de senderos seguros. Evidentemente, no estamos hablando de un aspecto meramente estético, sino de seguridad, de movilidad y de dignidad.

Por tanto, esta propuesta debe verse como lo que realmente es: una oportunidad inmejorable para que el Congreso  apruebe un instrumento legal de amplio impacto ciudadano. Uno no solo a reparar lo dañado, sino que actúe como mecanismo de prevención del deterioro futuro.
Si se establece la restitución obligatoria como condición de culminación satisfactoria del proceso constructivo, se incentiva desde el inicio una planificación más cuidadosa, una logística menos invasiva, y una ejecución que respete el entorno. Es decir, se evita el daño antes de que ocurra. Y eso es lo que las normas inteligentes hacen: no solo sancionan, también –y especialmente– previenen. No se trata de confrontar a la inversión inmobiliaria, sino de establecer nuevas reglas que fortalezcan el pacto entre desarrollo privado y bienestar colectivo. Es una reforma estructural con efecto multiplicador.

Si esta reforma se archiva o simplemente no avanza, nuestras ciudades seguirán atrapadas en el mismo círculo de deterioro y desidia. Se seguirá construyendo sin reparar. Se seguirá normalizando que el espacio público es la víctima silenciosa del progreso. Se seguirán transfiriendo los costos de la actividad privada al ciudadano.

La propuesta de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco debe entenderse como una oportunidad política, técnica y moral que representa el anhelo de muchos. Seguramente producirá diversos puntos de vista entre los legisladores, pero es importante entender que no es una exigencia maximalista, ni una traba burocrática, ni una medida populista. Es, simplemente, una corrección necesaria para que las ciudades deban crecer sin deteriorarse.

Hoy, el Congreso tiene en sus manos un proyecto concreto, bien planteado y de aplicación inmediata. Lo que se necesita es voluntad. Mientras tanto, las veredas se siguen partiendo y los ciudadanos seguimos siendo los principales perjudicados.
Aún estamos a tiempo de cambiar eso. La pregunta es: ¿queremos?