Editorial
“Pensar en infraestructura verde es, en última instancia, pensar en justicia ambiental, en equidad territorial y en dignidad urbana”.
La infraestructura verde se refiere al diseño y construcción de espacios que integran elementos naturales –parques, árboles, corredores ecológicos, techos verdes, jardines de lluvia– para cumplir funciones ambientales, sociales y económicas. No se trata simplemente de plantar más árboles, sino de insertar la naturaleza en la estructura misma de la ciudad para controlar el calor urbano, reducir el riesgo de inundaciones, filtrar contaminantes, fomentar la biodiversidad, promover la salud mental y crear espacios seguros de encuentro ciudadano.
En el Perú, según el Ministerio del Ambiente, más del 80% de la población vive en zonas urbanas, pero el acceso a áreas verdes públicas es aún muy desigual. Mientras que distritos como San Borja o Miraflores en Lima superan los 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, otros, como San Juan de Lurigancho, apenas llegan a 1.5 metros cuadrados. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 9 metros cuadrados por persona. Esta brecha evidencia un problema estructural que afecta no solo al paisaje, sino también al bienestar colectivo.
El cambio climático, además, ha convertido esta necesidad en una urgencia. Las ciudades mal adaptadas, con escaso arbolado urbano y sin espacios permeables, son más vulnerables a las olas de calor, las lluvias intensas y los efectos de fenómenos extremos como El Niño. Por ello, la infraestructura verde debe dejar de ser vista como un gasto ornamental y asumirse como una inversión estratégica en salud, seguridad y sostenibilidad urbana.
Algunas iniciativas municipales y regionales ya apuntan en esa dirección, pero se necesita una política nacional articulada que promueva estándares mínimos de áreas verdes, fondos concursables, incentivos para techos verdes y normativas que integren la naturaleza en nuevos proyectos urbanos. Asimismo, es vital empoderar a las comunidades locales en el cuidado de estos espacios, evitando su abandono o conversión en terrenos disponibles para el tráfico inmobiliario.
Pensar en infraestructura verde es, en última instancia, pensar en justicia ambiental, en equidad territorial y en dignidad urbana. Las ciudades no pueden seguir creciendo de espaldas a la naturaleza. Si aspiramos a urbes más habitables, saludables y humanas, debemos sembrarlas no solo de concreto, sino también de vida.