Opinión
Presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, profesor universitario
Las de ámbito privado tienen dos formas ya habituales de su organización administrativa. Las que provienen de iniciativas estrictamente empresariales, más ágiles y menos dependientes de los vaivenes políticos internos, y las que son denominadas asociativas, que funcionan como una organización que disputa el poder cada cierto tiempo, según los grupos que se autoorganizan para alcanzar las posiciones de control. Eso origina un tira y afloja constante para contrapesar el juego político. Por eso las modalidades de gobernanza varían tanto e, incluso, son antagónicas.
A la par, las universidades públicas, por el diseño de gobierno que tienen, suelen recibir los recursos provenientes del presupuesto nacional, incluso algunas con un alto financiamiento del canon regional, y otra gran parte de instituciones, como la mayoría de universidades públicas, sin la posibilidad de ser receptoras de canon, más bien tienen que suministrarse necesariamente de la producción propia de recursos.
Por eso, uno de los mayores problemas suele ser el insuficiente presupuesto para impactar en la mejora constante de infraestructura y demás metas de calidad educativa; sin embargo, en otros muchos casos, la razón principal es el uso ineficiente, inapropiado y sesgado de los recursos conseguidos.
Y ello sucede porque la manera de su sistema de gobierno es una elección universal, diseñado por la Ley Universitaria, para neutralizar las tradicionales elecciones de representantes que, por los hechos históricos tan notorios por sus efectos de distorsión democrática, estos representantes elegidos solo usaban los votos para llegar a ocupar puestos y luego, no sin sorpresa, olvidaban sus promesas previas y su agenda impulsada electoralmente. Por eso las elecciones universitarias en las universidades públicas son inmensos campos de batalla, desde las ideológicas hasta las de impulsos meramente emotivos.
Sin embargo, los grupos ganadores luego tienen que satisfacer a sus electores victoriosos y los que operan astutamente para inclinar la balanza. En esa nueva distribución de poder, no necesariamente son los méritos o los perfiles altamente profesionalizados los que determinan la ubicación en los flamantes puestos de control administrativo, sino los acuerdos políticos y la satisfacción correspondiente de los acuerdos previos con las fuerzas aliadas de su éxito.
Como la colocación es temporal, la volatilidad es sumamente alta, de ese modo los emplazamientos están sometidos al mantenimiento del dominio político y un complejo equilibrio para contrarrestar la resistencia de sus oponentes. Y, como es lógico, un entramado de esa complejidad y tan inestable reduce las posibilidades de cualquier plan de mejoramiento educativo a largo plazo.