Editorial
Uno de los logros más destacados por la Mandataria ha sido la adjudicación de proyectos de inversión por más de 19,000 millones de dólares, mediante mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP) y los proyectos en activos (PA). Esta cifra no solo representa un impulso significativo para sectores estratégicos como energía, transporte, salud y telecomunicaciones, sino que evidencia una recuperación paulatina de la confianza de los inversionistas en el país. La reactivación de grandes obras bajo la modalidad de gobierno a gobierno –como los hospitales Núñez Butrón, Goyeneche, Guillermo Díaz, y los de Piura y Trujillo– también es señal de un esfuerzo por acelerar la provisión de servicios públicos de calidad en regiones históricamente postergadas.
En el plano económico, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado entre 3.1% y 3.5% para el presente año ubica al Perú entre las economías con mayor expansión de América Latina. Este dato no es menor, sobre todo en un contexto internacional marcado por la desaceleración global, la volatilidad financiera y los conflictos geopolíticos. Sostener este ritmo de crecimiento requiere no solo de estabilidad macroeconómica, sino también de un entorno regulatorio más simple y funcional. En ese sentido, la aprobación de 254 medidas desregulatorias por parte del Ejecutivo va en la dirección correcta: construir un Estado más ágil, menos burocrático y más enfocado en resultados.
En materia social, también se han logrado avances importantes. Más de tres millones de peruanos en situación de vulnerabilidad han recibido apoyo alimentario, mientras que las atenciones sociales del Estado alcanzaron a más de 1.2 millones de personas en zonas amazónicas y altoandinas, las más afectadas por la pobreza estructural y la desigualdad territorial. El programa de mejora de viviendas –que proyecta alcanzar 7,000 hogares hasta 2026– y los proyectos de agua y saneamiento por más de 5,000 millones de soles, con 2.5 millones de beneficiarios, apuntan a reducir brechas críticas que afectan la dignidad y la calidad de vida de millones de compatriotas.
En paralelo, según la presidenta Boluarte, el Gobierno ha mostrado decisión frente a problemas urgentes como la minería ilegal, actuando con firmeza mediante estados de excepción cuando ha sido necesario. Asimismo, el proyecto para implementar un sistema nacional de videovigilancia inteligente, con 2,480 cámaras integradas y tecnología de inteligencia artificial, representa un paso ambicioso para fortalecer la seguridad ciudadana, un tema sensible y prioritario para la población.
Otro elemento por resaltar ha sido la consolidación de los consejos de Estado regional, un mecanismo de articulación territorial que ha permitido aprobar más de 1,500 acuerdos entre el Ejecutivo y las autoridades locales. Este esfuerzo por acercar el Estado a las regiones es clave para enfrentar el centralismo y para que las políticas públicas respondan a las verdaderas necesidades de cada territorio.
No obstante, los logros expuestos no deben hacernos perder de vista las tareas pendientes. La ciudadanía exige, con razón, respuestas más rápidas y eficaces frente a la inseguridad, la corrupción, la informalidad y el desempleo. La confianza en las instituciones sigue siendo frágil, y aún hay sectores que no se sienten escuchados ni representados. Por ello, es imprescindible que el último año de gestión de la presidenta Boluarte se enfoque en consolidar los avances, corregir los errores y acelerar las soluciones.
Una prioridad impostergable es cerrar la brecha de infraestructura básica, particularmente en educación y salud. La ejecución de proyectos hospitalarios emblemáticos es un paso positivo, pero se requiere asegurar personal capacitado, equipamiento moderno y sostenibilidad financiera a fin de que las obras cumplan el papel para el cual fueron concebidas. Del mismo modo, urge fortalecer la educación rural y técnica, así como ampliar el acceso a tecnologías digitales, condición indispensable para una inclusión real en el siglo XXI.
También es urgente intensificar la lucha contra la corrupción, que erosiona la legitimidad del Estado y debilita cualquier esfuerzo de desarrollo. La transparencia en la ejecución del presupuesto, el control social sobre las obras públicas y la profesionalización del servicio civil son pilares necesarios para recuperar la confianza ciudadana.
En el terreno político, el llamado a la unidad hecho por la Presidenta no debe quedarse en una fórmula protocolar. Es momento de dejar de lado las disputas estériles y construir consensos mínimos que garanticen estabilidad, gobernabilidad y continuidad de las políticas públicas. El país no puede seguir rehén de los enfrentamientos entre poderes ni de agendas particulares que postergan los intereses de las grandes mayorías.
El Perú tiene todo para proyectarse como una potencia sudamericana productiva, moderna y exportadora, como bien lo afirmó la Jefa del Estado. Pero para lograrlo necesita más que cifras alentadoras: requiere cohesión, visión de largo plazo y un compromiso genuino de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. Es imprescindible renovar ese pacto republicano que dé prioridad al bienestar colectivo por encima de la confrontación permanente.
Estamos ante una oportunidad crucial para demostrar que, pese a las dificultades, el Perú puede avanzar. Que nuestras diferencias no sean un obstáculo, sino una riqueza democrática al servicio de un proyecto común. Que el legado de este Gobierno no sea solo el de las obras ejecutadas, sino también el de haber tendido puentes.
Un país más justo, equitativo y desarrollado no se construye en solitario. Es tarea de todos.