Economía
Esta decisión subraya la confianza en la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos peruanos y su capacidad para absorber shocks externos y políticos.
El informe de la agencia se publica en un contexto de alta complejidad política, marcado por la reciente destitución de la expresidenta Dina Boluarte y la asunción de José Jerí.
Pilares
A pesar de la incertidumbre institucional, Fitch considera que los pilares económicos se mantienen firmes, respaldando la continuidad de políticas fiscales y monetarias prudentes a corto y mediano plazo.
Sustenta su decisión de mantener el grado de inversión en factores clave que dan estabilidad y credibilidad al país. Entre ellas las reservas internacionales netas.
Asegura que son sólidas y proporcionan un respaldo financiero crucial ante potenciales turbulencias, superando significativamente la mediana de otros países con calificación ‘BBB’.
Elogia el historial de gestión fiscal y monetaria responsable con el Banco Central de Reserva (BCR), que mantuvo la inflación bajo control y la confianza de la inversión.
De acuerdo con la calificadora internacional, el nivel de deuda se mantiene muy por debajo del promedio regional y del grupo ‘BBB’, lo que ofrece un margen fiscal vital.
El reporte precisa que la gestión monetaria prudente del BCRP ha sido fundamental. Con la inflación controlada (cercana al 1.4% interanual en setiembre) y proyecciones favorables, el ente emisor logró preservar la reputación del Perú como una economía confiable.
El Fitch Ratings proyecta que la economía peruana mantendrá un ritmo de crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 3.2% este año, impulsado por la robustez de la demanda interna y la mejora de la confianza.
Este crecimiento es vital, pues aunque la consolidación fiscal avanzó, el déficit del Gobierno general se reduciría solo al 2.5% del PBI en el presente año, lo que implica un ligero incumplimiento de la meta por tercer año consecutivo.
Riesgos
Fitch proyecta que la actividad económica del Perú se moderará hasta el 2.8% en el 2026, una desaceleración esperada.
Su estimado se debe principalmente a dos factores: los efectos de la consolidación fiscal planificada y el aumento de la incertidumbre política conforme se intensifique el período electoral.
Sin embargo, la agencia advierte que los riesgos a la baja para esta proyección son significativos e incluyen un mayor deterioro de la inseguridad ciudadana, un incremento en las protestas sociales, la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos y una imprevisibilidad regulatoria que podría disuadir la inversión y la productividad.