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“Hay que pasar de la defensiva a la ofensiva”, expresó el Mandatario en su mensaje al país, una frase que sintetiza la determinación de su gobierno y que hoy se traduce en hechos concretos, como la recuperación del control de las cárceles en Lima y Callao, puntos neurálgicos desde donde el sicariato y la extorsión intentaron mantener su poder.
Durante años, los penales se convirtieron en verdaderos cuarteles del crimen. Desde sus pabellones se ordenaban asesinatos, cobros ilegales y secuestros. Hoy, el Gobierno ha puesto la mira en esos fortines con el propósito de desmantelar las redes que operan tras las rejas y romper la cadena de mando de las organizaciones criminales.
En ese sentido, hace unos días, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 019-2025-JUS, una norma que cambia la dinámica en los penales del país y refuerza el régimen cerrado especial para los reclusos de alta peligrosidad. El objetivo es claro: cortar la comunicación entre los cabecillas y sus redes delictivas, y recuperar la autoridad dentro de los muros.
El nuevo reglamento endurece las medidas disciplinarias. En el nivel más estricto (la Etapa A), los internos permanecen aislados en celdas cerradas y sin permiso para circular por los pasadizos. Apenas cuentan con dos horas de patio al día, siempre bajo vigilancia y en grupos controlados.
Las visitas familiares también se limitan. Un solo pariente, una vez cada dos semanas y durante apenas una hora a través del locutorio. Nada de reuniones prolongadas ni contacto directo.
En los niveles siguientes, Etapa B y Etapa C, las reglas se flexibilizan ligeramente: más horas de patio, visitas algo más extensas y ciertas concesiones que premian la buena conducta. Sin embargo, el control sigue siendo absoluto. En el papel, puede parecer un ajuste técnico; en la práctica, representa el cierre de la última rendija por donde las mafias seguían respirando poder.
Y mientras las nuevas normas se aplican, el presidente José Jerí recorre el terreno. Supervisando los penales de Lima y Callao, busca comprobar que las medidas se cumplan sin excepciones y que los espacios que alguna vez sirvieron al crimen se transformen, por fin, en territorio del Estado.
Golpes en penales
El pasado 29 de octubre, el Jefe del Estado lideró un operativo de requisa en el pabellón de máxima seguridad del Establecimiento Penitenciario del Callao, con el objetivo de detectar y decomisar objetos prohibidos que podrían ser utilizados para cometer delitos desde el interior de los penales.
Durante la intervención, se inspeccionó el pabellón que alberga a más de 300 internos procesados y sentenciados por delitos de alta peligrosidad, como secuestro, extorsión y robo agravado. En el recorrido, se constató el cumplimiento de las medidas de control, entre ellos, el denominado “apagón eléctrico” destinado a impedir la carga y uso de dispositivos electrónicos móviles.
Como resultado del operativo, las autoridades decomisaron diversos artefactos y objetos prohibidos, entre ellos reproductores de DVD, ventiladores, licuadoras, parlantes, microondas y cocinas artesanales, todos en posesión indebida de los internos.
Pero el control no se limitó a un solo penal. Días antes, el 22 de octubre, el presidente Jerí encabezó una requisa inopinada en el penal de Lurigancho, mientras que, de manera simultánea, se desarrolló otro operativo en el penal Ancón I, con el apoyo conjunto de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
En ambos casos, los equipos intervinieron con precisión quirúrgica: se incautaron chips, armas blancas, libretas con números telefónicos, celulares y hasta un dispositivo satelital, elementos que ahora están en manos de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.
El Mandatario también visitó el 18 de octubre la comisaría y el penal de Aucallama, en la provincia de Huaral, donde verificó las condiciones de seguridad interna y la coordinación policial. Allí se llevó a cabo una requisa inopinada que permitió garantizar el orden interno, prevenir hechos delictivos y reforzar la lucha contra la extorsión, uno de los flagelos más persistentes en la zona.
El mensaje es claro: las cárceles ya no son territorio del crimen. El Gobierno está empezando a recuperar el control. Con disciplina, vigilancia y decisión política, el presidente Jerí marca el inicio de una nueva etapa: aquella en la que el miedo empieza a ser desterrado.