• MIÉRCOLES 1
  • de abril de 2026

Derecho

FOTOGRAFIA
DERECHO

Infórmate: Extorsión cibernética y amenazas digitales serán sancionadas con hasta 25 años de prisión

Comisión de Justicia del Congreso.

Quienes accedan ilícitamente a información, datos o sistemas informáticos y amenacen con divulgar, eliminar, alterar o inutilizar dicha información con el propósito de obtener beneficio económico, ventaja indebida o causar perjuicio a la víctima, serán sancionados con penas de entre 15 y 25 años de prisión.

Así lo establece el dictamen aprobado por unanimidad (18 votos a favor) por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que preside el parlamentario Flavio Cruz Mamani (PL).

El dictamen, que recae en los proyectos de ley n.os 9443 y 9518, de autoría de los congresistas Esdras Medina Minaya (RP) e Idelso García Correa (APP), respectivamente, modifica el artículo 200 del Código Penal para incorporar el delito de extorsión cibernética y adecuar los delitos informáticos al Convenio de Budapest, con lo cual se busca cubrir un vacío legal existente.

Cruz Mamani, al sustentar la propuesta, explicó que el marco penal vigente no contempla expresamente la extorsión cibernética ni las amenazas digitales derivadas del acceso ilícito a información privada, pese al incremento de estos hechos, según reportes del Ministerio del Interior y la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú.

“Este contexto evidencia la necesidad de actualizar el Código Penal y la Ley N.º 30096 para incluir las nuevas modalidades delictivas surgidas con la expansión de los entornos digitales, a fin de brindar mayor seguridad jurídica y eficacia a la persecución penal de los ciberdelitos”, sostuvo.

De acuerdo con el texto sustitutorio, la propuesta armoniza las dos iniciativas legislativas, ya que ambas amplían la cobertura penal frente a fenómenos como el ransomware, phishing y doxxing, modalidades delictivas que implican ataques a archivos para exigir rescate, robo de datos o contraseñas, y publicación de información personal, respectivamente.

La comisión considera que esta propuesta fortalece la protección de los ciudadanos, instituciones y empresas ante las nuevas formas de criminalidad digital, con impactos económicos positivos, al reducir pérdidas y mejorar la confianza digital. En esa línea, también se prevé que la pena será no menor de seis ni mayor de diez años cuando la conducta afecte sistemas informáticos de uso público o institucional, o comprometa la seguridad pública, la continuidad de servicios esenciales o infraestructuras críticas.

Capacitación de peritos en informática forense

Asimismo, con 14 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la comisión aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley n.os 8792/2024-CR y 8854/2024-CR, de autoría del congresista Raúl Huamán Coronado (FP), que propone la Ley que fortalece la formación, capacitación y certificación de los peritos especializados en informática forense y cibercriminalidad.

Los proyectos, de naturaleza declarativa, buscan fortalecer la capacidad institucional del Estado ante el crecimiento sostenido de la ciberdelincuencia.

Inhibición

Finalmente, quedó pendiente de debate el dictamen de inhibición respecto de los proyectos de ley 09899/2024-CR, 11156/2024-CR y 12795/2025-CR, que proponen incorporar al personal del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contratado bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

La congresista Martha Moyano (FP) solicitó que esta propuesta sea analizada en otras comisiones especializadas en materia laboral, y no en la de Justicia y Derechos Humanos.