Proponen uso del polígrafo como prueba de control y confianza en el ámbito laboral
Sería de aplicación tanto en el sector público como privado, y previo consentimiento expreso del trabajador.
En ese sentido, el proyecto de ley N° 13106/2025-CR señala que, las disposiciones que contiene serán aplicables a todas las relaciones laborales de carácter público o privado dentro del territorio nacional, y siempre que cuente con el consentimiento del trabajador.
No obstante, el artículo 6 de la propuesta señala que, en los procesos de selección y designación de altos funcionarios públicos a cargo del Poder Legislativo, la prueba del polígrafo sí sería obligatoria, con las mismas consideraciones que establece la ley para los trabajadores.
Como se sabe, al Congreso le compete la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, y ratificación del Contralor General de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo.
Hasta ahora solo se había escuchado al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes, adelantar el uso de esta herramienta para certificar la idoneidad de los agentes penitenciarios en las cárceles.
¿En qué casos se usaría el polígrafo en el trabajo?
El proyecto de Montoya describe siete situaciones, un saber:
• Cuando la actividad del trabajador, postulante o candidato esté directamente vinculada con la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública o la protección de la vida e integridad de las personas.
• Cuando exista sospecha razonable de participación del trabajador en un hecho que haya ocasionado un grave perjuicio económico o material a la entidad empleadora.
• Cuando media consentimiento libre, previo, expreso y por escrito del trabajador o postulante.
• En el sector público, como mecanismo de apoyo en los procesos de selección, control de confianza, investigación interna, prevención de actos de corrupción y fortalecimiento de la ética institucional, conforme a las disposiciones de cada entidad.
• En el sector privado, particularmente en actividades de seguridad, defensa, transporte, minería, banca, servicios críticos, o cualquier otro sector en el que se requiera garantizar la confiabilidad y la honestidad del personal, respetando siempre la legislación laboral y de protección de datos personales.
• En procesos de investigación administrativa o judicial, únicamente como herramienta auxiliar de orientación, con consentimiento expreso del evaluador.
• En procesos de auditoría interna, o de control institucional, cuando se requiere verificar información relevante para la integridad de la gestión pública o privada.
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