El Código de Ética suele ser uno de los textos menos leídos por los abogados, pese a que orienta nuestra práctica profesional. A este punto vale preguntarnos: ¿qué busca un abogado? ¿satisfacer al cliente, lograr justicia o alimentar su reputación?
En los últimos meses varios casos han sacudido el escenario judicial poniendo de manifiesto el comportamiento ético de los abogados en audiencias, donde los excesos en nombre de la libertad de expresión, la presencia digital o el simple protagonismo parecen cruzar peligrosamente la frontera entre la legalidad y ética. La defensa es un ejercicio de poder, pero también un compromiso con el debido proceso, la verdad procesal y la dignidad de nuestros propios clientes. Calamandrei ya advertía que la abogacía se divide entre quienes trabajan con rigor y quienes, desde la mediocridad, buscan sobrevivir con prácticas desesperadas.
En julio del 2025, el Poder Judicial sancionó a un abogado por transmitir en vivo, a través de su cuenta de TikTok, una audiencia de prisión preventiva donde participaba como abogado de uno de los procesados. Durante la transmisión, el abogado, insatisfecho con el desarrollo de la audiencia y menos aún con el resultado, insinuó pactos indebidos entre el fiscal y uno de los imputados, además de usar expresiones ofensivas hacia su propio patrocinado. El juez no solo lo multó con una URP, sino que le recomendó pedir disculpas públicas a su cliente.
El problema no fue únicamente la retransmisión —que incluso realiza Justicia TV a nivel nacional—, sino la tergiversación de información y el impacto que generó en los seguidores del letrado, quienes terminaron atacando al sistema de justicia en redes; se pudieron leer comentarios como “Los fiscales trabajan de acuerdo a quien da más dinero” “es que algunos fiscales buscan lo más fácil” “nombre de ese fiscalucho” “es porque se le da la gana a los jueces de meterte preso y listo como se dice ellos actúan a su antojo porque si fuere lo contrario actuarían conforme a ley y criterio (…)” “muchos fiscales ineptos, incapaces, son reincidentes en realizar mal su trabajo y sin embargo trabajando como si nada (…)”. Este caso revela cómo las audiencias no pueden convertirse en contenido trivial para ganar “likes” o clientes, pues ello vulnera la seriedad del proceso penal.
Otro caso ocurrió en el juicio al expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión. La defensa de la ex premier Betssy Chávez fue sancionada con 10 URP y suspensión en audiencias por referirse de manera peyorativa y reiterativa a los jueces supremos como “provisionales”, además de atacar a los alegatos del Ministerio Público con adjetivos como “ignorantes” y “tarados”. El letrado incluso intervenía sin tener el uso de la palabra, lo que llevó al tribunal a apagarle el micrófono.
En agosto del 2025 un juez de Investigación Preparatoria ha sancionado a un abogado con la suspensión del ejercicio profesional por 3 meses por haber faltado a la verdad al haberle imputado hechos falsos y haber colocado fundamentos temerarios en un escrito de recusación, llamándolo así a la recapacitación de su conducta.
Estos precedentes muestran que la defensa, aunque firme, no es una licencia para agraviar ni para convertir el estrado en tribuna política. Los abogados ganamos casos con argumentos y estrategias, no con insultos ni ataques personales.
Se ha extendido un tipo de práctica llamada “defensa emocional” o “defensa de ataque”: desacreditar al juez, al fiscal o al abogado contrario sin sustento jurídico. Lejos de fortalecer la posición del litigante, esta conducta daña su credibilidad, desvía la atención del debate y puede terminar en sanciones. El litigio penal no es un espacio para desahogos, sino para resolver controversias con base en el derecho y el respeto procesal.
El Código de Ética establece deberes claros como actuar con veracidad, lealtad, respeto y decoro, colaborar con la justicia y no usar la profesión para actos contrarios a la dignidad humana. A ello se suma la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 288 obliga a los abogados a respetar al tribunal y a abstenerse de interrumpir audiencias o difundir aspectos reservados. La Resolución Administrativa N.° 173-2020-CE-PJ, emitida durante la pandemia, recordó que en audiencias virtuales se aplican las mismas reglas de conducta que en las presenciales, con sanciones en caso de incumplimiento.
El Decálogo del Abogado de Ángel Osorio y Gallardo publicada en 1919 aún mantiene vigencia: no adular la tiranía, no pretender ser más que los magistrados, procurar la paz como triunfo y buscar la justicia con sinceridad. En tiempos de redes sociales, la pregunta es inevitable: ¿somos conscientes los abogados de que el uso estratégico —o indebido— de estas plataformas puede marcar el rumbo de nuestra carrera? La visibilidad digital ayuda a posicionar, pero un uso irresponsable puede destruir credibilidad y reputación incluso antes de consolidar una trayectoria.
Este artículo no busca señalar culpables, sino invitar a la reflexión. La defensa exige ética, legalidad y respeto. El verdadero desafío de nuestra generación no es solo litigar, sino hacerlo sin perder de vista que la justicia y la dignidad profesional son nuestra carta de presentación.
Nuevos riesgos
Es verdad que las plataformas digitales han abierto nuevas oportunidades para los abogados, pero también nuevos riesgos. No se trata de convertirnos en influencers jurídicos, sino de manejar con responsabilidad la comunicación y la defensa. La justicia exige sobriedad, respeto y ética. Los abogados seremos cuestionados por nuestras estrategias o por a quién decidimos defender, pero nunca deberíamos ser sancionados por perturbar audiencias o por faltas éticas. El reto es recordar que la justicia no es solo una función, sino un compromiso con la convivencia social.
