Editorial
“Las ZEEP representan, sin exageración, un motor clave en la modernización del país, un paso audaz para salir de la trampa del subdesarrollo [...] Ya contamos con la legislación. Ahora la urgencia reside en el reglamento”.
Desde el despacho presidencial hasta los gremios empresariales, como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), coinciden en ver esta nueva ley como la llave maestra hacia la industrialización y la descentralización.
Pero una herramienta tan potente ¿puede realmente transformar la geografía económica del país? La promesa es audaz; su éxito descansa en la responsabilidad de su implementación.
El presidente de la República, José Jerí, prevé un panorama de prosperidad, prometiendo que estas zonas convertirán al Perú en un hub de manufacturas de alto valor agregado, diversificando la matriz productiva y descentralizando el desarrollo.
No es una expectativa menor. La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, refrenda esta visión con un enfoque estratégico que va más allá de la caja. En su opinión, la ZEEP no es un simple cheque en blanco tributario, es una invitación a demoler el altar de la informalidad y la dependencia extractiva.
Se trata de sustituir la eterna espera por la cotización del mineral por una matriz productiva mucho más robusta y autosuficiente. El mensaje es claro, menos centralismo, más articulación territorial y empleo digno forjado en la industrialización.
Este giro copernicano, si se ejecuta con rigor, podría significar la madurez económica largamente postergada. Sin embargo, el entusiasmo de la promesa debe moderarse con la vigilancia de la realidad.
El presidente de la CCL, Roberto de la Tore, señala a menudo que el modelo anterior, gestionado por el sector público desde 1989, no alcanzó su potencial.
En ese punto radica el cambio de paradigma, en el que la administración de estas zonas recae sobre hombros privados, con una nueva óptica de colaboración Estado-empresa.
La ministra Miralles fue enfática: cada exención fiscal debe estar férreamente atada a compromisos concretos de inversión, empleo y, sobre todo, innovación. No se trata de trasladar ventajas, se trata de sembrar ecosistemas productivos.
Es una suerte de pagaré social que los administradores privados deben honrar, asegurando que esta herramienta no se convierta en una guarida fiscal sin retorno social, tal como ha sucedido en otros regímenes menos controlados.
Las ZEEP representan, sin exageración, un motor clave en la modernización del país, un paso audaz para salir de la trampa del subdesarrollo. Con más de 7,000 ejemplos exitosos en el mundo que generan, solo en América Latina, un millón de empleos, el Perú no puede permitirse ver pasar este tren de la industrialización.
Ya contamos con la legislación. Ahora la urgencia reside en que el reglamento sea quirúrgico, evitando que detalles técnicos, como la extensión mínima de hectáreas sugerida por la CCL, se conviertan en camisas de fuerza burocráticas.
Solo con un marco integral, moderno y, sobre todo, responsable, esta alianza público-privada podrá dejar encaminado el país por la ruta del desarrollo.