Editorial
Sin embargo, pese a esta importancia crítica, las fuentes de agua dulce atraviesan una situación alarmante. En el Perú, diversos informes alertan de su progresiva degradación como consecuencia directa de la actividad humana. El año pasado, el gobierno regional de Áncash confirmó que los ríos Santa y Tablachaca no son aptos para el consumo debido a niveles peligrosos de metales pesados como hierro y arsénico. Y este año, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) identificó 449 fuentes contaminantes –entre vertimientos ilegales, residuos sólidos y pasivos industriales– en el río Rímac, principal fuente de agua potable para más de 10 millones de peruanos.
La contaminación de los ríos no es solo un problema ambiental, sino también una amenaza directa y concreta contra la salud pública y el bienestar social. Detallados estudios advierten que la presencia de metales pesados, coliformes fecales y residuos industriales en las aguas superficiales incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales, cáncer, daños neurológicos y afectaciones crónicas, especialmente en niños y adultos mayores. El costo sanitario y económico de gestionar estas enfermedades supera con creces la inversión preventiva en saneamiento y control ambiental.
Los casos mencionados de ríos afectados, lejos de ser excepciones, retratan un patrón nacional. Por ello urge la acción firme y sostenida del Estado para garantizar dos desafíos esenciales: asegurar a la población acceso a agua de calidad y contribuir de forma decisiva a la lucha climática global.
Al respecto, en agosto, el Ejecutivo declaró de interés nacional la restauración integral de la cuenca del Rímac, buscando articular políticas y proyectos destinados a controlar contaminantes y recuperar la infraestructura natural. La decisión es necesaria y oportuna, pero demanda resultados concretos y verificables, no únicamente anuncios para salir del nivel declarativo y conseguir avances fundamentales.
Asimismo, la reciente decisión del Congreso de aprobar la ley que incorpora al Código Penal el delito de exposición de personas al peligro por arrojar residuos sólidos en cauces naturales representa un avance fundamental. La norma establece penas de entre dos y seis años de prisión para las personas responsables de la contaminación y reconoce el riesgo severo que estas prácticas representan para la vida de miles de familias. No obstante, su eficacia dependerá de la firmeza en su aplicación y en la fiscalización real.
Cuidar nuestros ríos es defender la vida. No es solo una obligación legal, sino también un compromiso ético y un acto de responsabilidad histórica. Los peruanos debemos asumir que el tiempo para actuar se agotó y que no habrá futuro posible sin agua limpia para todos.