Política
“Nos dirigimos al Parlamento, que es el único que representa al electorado en sus diversas perspectivas, a fin de solicitar medidas de emergencia para enfrentar la crisis política y social porque el ciudadano común es el que enfrenta esta criminalidad violenta”, indicó.
Medidas urgentes
Precisó que la delegación permitirá adoptar medidas urgentísimas, con cargo al Congreso, de las cuales 26 están referidas a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad violenta; 24 al crecimiento económico responsable; y 8 al fortalecimiento institucional.
“Este pedido, que de manera responsable y seria efectúa el Gabinete, se refiere a necesidades urgentes que la sociedad reclama”, apuntó.
Recaló que, a diferencia de solicitudes realizadas por gobiernos anteriores, la urgencia actual es evidente debido al avance de la criminalidad durante décadas, lo que ha permitido la consolidación de estructuras delincuenciales y su infiltración en diversas instituciones del Estado.
“Por eso, venimos a exponer esta situación de grave crisis y a solicitar que tengan a bien concedernos la posibilidad de tener legislación delegada por ustedes para tomar medidas urgentísimas”, dijo.
Asimismo, destacó que la propuesta de crear la superintendencia nacional de internamiento y resocialización, incluida en la solicitud de delegación de facultades delegadas, busca establecer las bases para que la próxima gestión gubernamental fortalezca de manera sostenida la política penitenciaria del país.
Dejar cimientos
“Se trata de dotar de una nueva institución que garantice la seguridad de los penales y la distribución correcta de los internos, para evitar que los de suma peligrosidad se mezclen con los reos primarios. Posiblemente no lleguemos a su concreción, pero queremos dejar los cimientos para que el próximo gobierno siga desarrollando la idea y la implemente a cabalidad”, indicó.
Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que el Poder Ejecutivo propone la modificación del Código Penal para castigar penalmente las conductas previas al delito de extorsión, lo que permitirá al Estado intervenir desde el primer acto de amenaza y actuar “con la máxima fuerza” para proteger a las víctimas.
Tiburcio recordó que bajo la actual gestión se han desarticulado 18 organizaciones criminales, más de 1,600 bandas delictivas, capturado más de 9,000 requisitoriados e incautado 803 armas de fuego.