Editorial
“Resulta indispensable reconocer que un número significativo de delincuentes que hoy operan en diversas ciudades del país ingresaron por pasos ilegales o burlando controles migratorios[...]”.
El objetivo es claro y fundamental para la defensa nacional: garantizar que nuestras fronteras sean espacios seguros, capaces de impedir el ingreso de delincuentes que aprovechan las debilidades del sistema para infiltrarse y cometer delitos que ponen en riesgo la vida, el patrimonio y la tranquilidad de millones de peruanos. En los últimos años, la frontera no solo se ha convertido en área de tránsito migratorio irregular, sino también en territorio donde mafias transnacionales vinculadas a la trata de personas, narcotráfico, minería ilegal, extorsión y contrabando han afianzado su presencia.
Desde esa perspectiva, la declaratoria de emergencia constituye una acción impostergable. Resulta indispensable reconocer que un número significativo de delincuentes que hoy operan en diversas ciudades del país ingresaron por pasos ilegales o burlando controles migratorios, amparados en un sistema fragmentado, con limitaciones logísticas y falencias en materia de fiscalización y coordinación interinstitucional.
Rechazamos con firmeza cualquier discurso xenófobo o discriminatorio. La inmensa mayoría de migrantes que llegan al Perú lo hace buscando oportunidades legítimas y aportando trabajo honrado y esfuerzo a nuestra economía. Una migración ordenada, formal y regulada puede ser positiva para el país y ha demostrado en diversas experiencias internacionales generar impacto social y productivo favorable. No obstante, sería irresponsable ignorar el hecho de que el incremento de delitos violentos en distintas regiones tiene, entre sus factores, la presencia de bandas criminales integradas por extranjeros que ingresaron ilegalmente y que han encontrado en nuestras debilidades fronterizas un espacio fértil para ampliar sus actividades delictivas.
Por ello, urge optimizar el control migratorio, especialmente en las zonas que se han convertido en corredores para el ingreso irregular. Esto implica no solo la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino también asegurar que Migraciones, Aduanas, Cancillería y los gobiernos regionales actúen de forma articulada y eficiente.
Es imprescindible modernizar la infraestructura de control, fortalecer los sistemas de identificación y verificación biométrica, mejorar el intercambio de información con países vecinos, y reforzar la inteligencia operativa y financiera para desarticular redes delictivas. De igual modo, se requiere presencia activa del Estado en territorios históricamente abandonados, donde la ausencia institucional ha permitido la consolidación de economías ilegales.
Proteger las fronteras es proteger la vida. La seguridad no se decreta: se construye con decisiones firmes, instituciones fuertes y una estrategia integral. El país necesita claridad, unidad y acción sostenida para recuperar la paz que todos los peruanos merecen.