Editorial
“La evidencia internacional demuestra que cada dólar invertido en salud mental genera un retorno de cuatro dólares en productividad, estabilidad social y reducción de costos hospitalarios”.
De acuerdo con el Minsa, con la puesta en funcionamiento de esta nueva dependencia suman en total 299 CSMC operando en todo el territorio nacional. Sin duda se trata de un avance importante en el esfuerzo por cerrar las brechas de acceso a la salud mental para nuestra población.
La salud mental se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes y menos atendidos de nuestra sociedad. En un país marcado por la desigualdad y la violencia, las heridas que no se ven son, muchas veces, las que más duelen y las que más limitan el futuro de millones. Hablar de salud mental ya no puede ser un tabú ni un tema secundario: es una prioridad pública, un asunto de derechos humanos y una condición indispensable para el desarrollo del país.
La pandemia dejó secuelas profundas. Millones de personas enfrentaron duelos, aislamiento, incertidumbre económica y miedo. Los niños y adolescentes vieron interrumpidas sus rutinas, su educación y su socialización; muchos adultos perdieron empleos, familiares y estabilidad. Sin embargo, cuando las cifras sanitarias disminuyeron, otro tipo de cifra comenzó a crecer silenciosamente: ansiedad, depresión, estrés crónico, violencia doméstica y, en los casos más extremos, suicidios.
De acuerdo con EsSalud, los casos de depresión, insomnio y ansiedad se han incrementado 20% en el Perú. Pese a ello, la brecha en la atención de salud mental es alarmante. Muchas familias carecen de acceso a atención especializada por razones económicas, territoriales o por miedo al estigma. Este tema se niega, se minimiza. Y ese silencio, sostenido durante décadas, tiene un costo altísimo: afecta el rendimiento académico, la productividad laboral, las relaciones familiares y la cohesión social.
La evidencia internacional demuestra que cada dólar invertido en salud mental genera un retorno de cuatro dólares en productividad, estabilidad social y reducción de costos hospitalarios. Apostar por la salud mental no es un lujo, es una inversión estratégica. Por eso, resulta imprescindible que el Estado sitúe este tema en el centro de la agenda pública, asignando recursos, incrementando el número de los CSMC, incorporando psicólogos en escuelas y universidades, promoviendo campañas de prevención y creando redes de apoyo.
Pero la solución no puede limitarse a una ley, un anuncio o una campaña esporádica. Requiere un compromiso articulado entre Gobierno, sector privado y todos los estamentos sociales. Requiere combatir el estigma con información, empatía y entendimiento. Requiere comprender que la salud mental no es debilidad, sino una dimensión humana que merece cuidado y respeto.
Como país necesitamos entender que no habrá desarrollo posible si millones de personas viven atrapadas en el sufrimiento emocional, la angustia o la desesperanza. La reconstrucción nacional comienza reconociendo que la mente también necesita atención urgente.