Ciencia y Tecnología
Periodista
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En diálogo con El Peruano, señaló que uno de los principales desafíos del sector público es la fragmentación de datos. Muchas instituciones públicas aún operan con expedientes físicos o sistemas que no están interconectados, lo que impide una trazabilidad adecuada y limita las posibilidades de auditar el comportamiento de los algoritmos.
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Otro reto está vinculado con el marco normativo, que debe garantizar su actualización a medida que avanza la tecnología; además que se debe resolver –en el mercado– la brecha de talento especializado en áreas clave como inteligencia artificial, gobernanza digital y ciberseguridad.
En su opinión, esta carencia impide que las entidades públicas diseñen, implementen y supervisen modelos de IA que cumplan estándares éticos. La formación de capacidades internas se vuelve urgente para construir soluciones adaptadas al contexto local y cultural.
Tecnología
La resistencia institucional al cambio también representa un freno. Según Chrem, esta situación puede revertirse si se acompaña con gobernanza clara y con pilotos de impacto que demuestren los beneficios tangibles de la IA bien implementada.
A nivel regional, los desafíos son similares, pero se amplifican por la fragmentación regulatoria entre países. Cada nación avanza con marcos diferentes, sin una visión compartida sobre ética y gobernanza.
En su opinión, la dependencia de tecnologías externas puede generar riesgos adicionales si no se adaptan adecuadamente a las realidades sociales y legales de la región. Por ello, también se debe invertir en soluciones propias.
Otro riesgo en América Latina es que los sistemas de IA reproduzcan desigualdades históricas. Si no se garantizan la supervisión humana y la transparencia algorítmica, las decisiones automatizadas pueden afectar de forma desproporcionada a poblaciones vulnerables.
Pese a estos retos, el panorama no es negativo, dijo. El experto aseguró que el camino hacia una IA ética no es tecnológico, sino institucional. La clave está en generar confianza, construir marcos regulatorios robustos y demostrar con resultados que la inteligencia artificial puede ser una aliada del bien público, no una amenaza.
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Por: ? María Fernández Arribasplata pic.twitter.com/eiuexnwS1g