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Washington, Estados Unidos
AFP
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la nueva instrucción en el Registro Federal después de que la secretaria Kristi Noem concluyó que “Haití ya no cumple con los requerimientos estatutarios para el TPS”.
La decisión, que entrará en vigor el 3 de febrero próximo, está basada en una revisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS), otras agencias del Gobierno y “un análisis que indica que permitir a los haitianos permanecer temporalmente en Estados Unidos es inconsistente con el interés nacional de EE. UU.”.
Salida
Por ello, el DHS avisó a los haitianos con TPS que “deben prepararse para salir” del país, si no tienen otra base legal para quedarse, además de recomendarles usar la aplicación “CBP Home” para pedir su “autodeportación” y recibir un bono prometido de 1,000 dólares.
Cambio de condiciones
Este es un nuevo intento de la Administración del presidente Donald Trump por eliminar la protección para los haitianos después de que un juez federal bloqueó en septiembre otra orden para eliminar el TPS para más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití.
La Casa Blanca insiste en que las condiciones de Haití han cambiado pese a que el presidente Donald Trump instauró en junio una prohibición total de viajes desde ese país al citar “la falta de una autoridad central con suficiente disponibilidad y distribución de información necesaria de aplicación de la ley”.
Una nación violenta
Mientras que una alerta del Departamento de Estado recomienda “no viajar a Haití por ninguna razón” al citar los secuestros, crímenes, actividad terrorista, disturbios civiles y sanidad limitada, la crisis no cesa en Haití, donde no hay presidente electo y la violencia de las pandillas ha aumentado desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en el 2021, con más de 4,300 homicidios en los primeros tres trimestres del 2025 y un total de 1.4 millones de desplazados por la violencia, según la ONU.
La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GFS) es un cuerpo aprobado el 30 de septiembre pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU que ya ha ejecutado sus primeras operaciones en el país y que contará con hasta un máximo de 5,500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles, con un mandato inicial de 12 meses.