Editorial
Su vocación inclusiva es palpable, desde los 542.6 millones de soles para el programa contra la violencia a la mujer hasta la consolidación de recursos para poblaciones vulnerables.
Esta vasta inversión, que incluso prohíbe el peligroso trasvase de fondos de capital a gasto corriente, dibuja un escudo protector en el papel.
La tarea monumental no termina con el voto, sino que comienza ahora. El desafío de la ejecución impecable, transformando esta tinta en el bálsamo que el Perú necesita.
La aprobación legislativa, con su vasta mayoría, sienta las bases para un período de inversión estratégica. La política, en su expresión más alta, es la capacidad de generar consensos, pero su validación reside en la ciencia de ejecutar con probidad.
La robustez de la cifra presupuestaria no debe ser un motivo de distracción, sino un recordatorio constante de la responsabilidad de gestión en cada centro de salud, escuela y barrio. El corazón del dictamen late con la obligación ética de fortalecer las políticas orientadas a poblaciones vulnerables.
Estos recursos deben movilizarse bajo mecanismos de estricta verificación de metas e indicadores, tal como lo establece el mismo marco legal. Esta disciplina de gestión es el antídoto a la inercia administrativa, garantizando que el diseño estratégico del gasto se traduzca en servicios tangibles.
La prohibición de trasladar fondos es un mandato claro de gobernanza responsable. En el campo funcional, el presupuesto salda una deuda laboral pendiente al abordar la estabilidad del personal asistencial CAS en el Ministerio de Salud (Minsa), vital para la operatividad hospitalaria.
Asimismo, el impulso a la ciencia y la tecnología mediante el Concytec y ProInnóvate, lo que sienta las bases para que el desarrollo sea una capacidad intelectual cultivada, alineando la nación con una visión de futuro y sostenibilidad.
Una arista especialmente delicada se halla en la Educación. La habilitación de 100.7 millones de soles para programas regionales es un aliciente. Sin embargo, la restricción de no usar estos fondos para contratar personal subraya la necesidad de priorizar la inversión en infraestructura y tecnología. La meta es clara, asegurar que cada aula, además de estar dotada de recursos, esté liderada por un maestro que reciba el apoyo y la capacitación adecuada. La educación, más que ladrillo y cable, es capital humano.
La aprobación del presupuesto para el 2026 es el banderillazo de salida. Ejecutivo y Congreso forjaron una herramienta potente, pero su éxito se medirá en la eficiencia con la que los funcionarios de todos los niveles de gobierno transformen estos números en calles seguras, hospitales operativos y escuelas vibrantes.
La promesa de papel está hecha; la ejecución disciplinada y transparente será el pacto que forje la credibilidad y que demuestre que este presupuesto es verdaderamente la plataforma para un futuro más robusto y equitativo.