Opinión
Representante residente del PNUD en el Perú
La violencia digital no es un fenómeno aislado: interactúa con otras violencias, las potencia y habilita. El auge de las tecnologías y la vida cada vez más conectada ha democratizado el acceso a información y oportunidades, pero también ha abierto la puerta a agresiones que se caracterizan por su anonimato, inmediatez, permanencia y alcance global. La violencia digital se desarrolla en el contexto del continuo de la violencia, y tiene impactos tanto en los espacios virtuales como en el mundo real.
Para las mujeres en la esfera pública, especialmente periodistas y políticas, esta violencia se ha convertido en un obstáculo estructural.
En el Perú, la violencia política digital se percibe muchas veces como un costo a pagar por participar en política. Esta normalización es peligrosa: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó que el 68% de las candidatas que encabezaron listas en el 2021 fueron víctimas de acoso político durante la campaña, y el 50% de las postulantes al Congreso en el 2020 y 2021 declaró haber sufrido acoso político a lo largo de su trayectoria. Estas cifras revelan un patrón que se intensifica en contextos electorales y que hay que tener en cuenta con miras a los procesos electorales del 2026, especialmente en el caso de mujeres indígenas, campesinas y afroperuanas, quienes pueden sufrir impactos diferenciados en la violencia.
El impacto trasciende lo individual: la amenaza de violencia digital lleva a muchas mujeres a autocensurarse, o las disuade de participar en política, debilitando la calidad del debate público y la representación democrática. Cuando las voces femeninas son silenciadas, la sociedad pierde diversidad, y la democracia se erosiona.
Al prepararnos para los múltiples procesos electorales en el 2026, hay una oportunidad para fortalecer la participación política de las mujeres, pero es clave reconocer que la violencia digital contra ellas parece ser una realidad inminente. La violencia digital puede convertirse en un factor adicional que limite la presencia femenina en espacios de poder: estas agresiones no solo buscan intimidar, sino despojar de poder a las mujeres y expulsarlas del espacio público.
Frente a este escenario, la respuesta debe ser integral y proactiva. Algunas acciones clave incluyen fortalecer canales de denuncia como la plataforma Observa Igualdad del JNE, que permite registrar casos de acoso político, incluyendo violencia digital. El Ministerio de la Mujer ofrece la Línea 100, el Chat 100 y los Centros de Emergencia Mujer. Las redes sociales también cuentan con mecanismos para reportar contenido abusivo. Es urgente generar evidencia y datos que identifiquen patrones y actores para diseñar políticas efectivas y sanciones claras. En abril del 2025, el Perú actualizó el reglamento de la Ley 30364, incorporando la “violencia facilitada por tecnologías digitales” como modalidad reconocida de agresión. Esta reforma permite identificar y sancionar conductas como el acoso en redes sociales, la difusión no consentida de imágenes íntimas y otras formas de hostigamiento en línea.
Se requieren alianzas intersectoriales que involucren al gobierno, sector privado, proveedores tecnológicos y organizaciones de la sociedad civil para prevenir y responder a la violencia. Y debemos aprovechar la tecnología para difundir mensajes que transformen normas sociales exclusivistas y promuevan el respeto.
La denuncia no debe recaer solo en las víctimas. Cada persona que presencia violencia política digital tiene la posibilidad –y la responsabilidad– de no difundirla y reportarla. Erradicar estas prácticas es esencial para garantizar un diálogo democrático inclusivo, la cohesión social y para que las mujeres, quienes conforman la mitad de la población, participen plenamente en la vida política. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recordemos que la violencia digital no es virtual: sus efectos son reales y profundos. Si no actuamos ahora, el costo será una democracia más débil y una sociedad sesgada. El Perú no puede permitirse ese retroceso.