• MIÉRCOLES 20
  • de mayo de 2026

Política

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Comisión de Constitución facultad al Ejecutivo a legislar en seguridad ciudadana

Aprobó dictamen que concede 60 días para elaborar leyes contra criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

En opinión del presidente de la comisión, Arturo Alegría (FP), se trata de un dictamen “exhaustivo, técnico y responsable”, y no tanto de una carta blanca para legislar, pues de las 58 submaterias solicitadas, se han autorizado 48; y en seguridad ciudadana, 23 de las 26 submaterias solicitadas; es decir, el 83% de lo solicitado por el gobierno.

Añadió que se ha puesto énfasis en las medidas que plantean un impacto inmediato para combatir la grave crisis de inseguridad ciudadana que enfrenta nuestro país, marcada por el crecimiento sostenible de los delitos de alta lesividad social, entre ellos la extorsión, el sicariato, actividades en las que concurren tanto organizaciones criminales nacionales como transnacionales.


“Según cifras de la Policía Nacional, las extorsiones pasaron de 3,872 denuncias en el 2019 a más de 22,000 en el 2024, evidenciando una expansión delictiva que supera las capacidades de respuestas y mecanismos tradicionales de investigación y persecución penal”, subrayó Alegría García.

Para el legislador fujimorista, la lucha contra la criminalidad organizada se ha convertido en un asunto de interés público, prioritario y de urgente intervención legislativa.

“En suma, no se trata solo de incrementar sanciones o ajustar procedimientos, sino de consolidar una política pública coherente y constitucional para proteger a la ciudadanía y al propio Estado frente a amenazas complejas en evolución constante”, añadió.


Crecimiento económico

En materia de crecimiento económico responsable, Alegría García especificó que se aprobaron 17 de las 24 submaterias solicitadas y que apuntan a consolidar las fortalezas macro fiscales, mejorar la recaudación tributaria y reducir los niveles de incumplimiento tributario, contribuir con el crecimiento económico responsable, las mismas que se han visto expuestas y limitadas por los factores de riesgo como la inseguridad ciudadana.

Agrega que también se está otorgando facultades para promover la inversión como, por ejemplo, facilitar la disponibilidad de inmuebles mediante la liberación de áreas para la ejecución de proyectos, optimizar la gestión del desarrollo de los programas bajo las modalidades de asociación pública privada y el proyecto de activos, promover la inversión privada en bienes públicos integrantes del patrimonio cultural en el marco del sistema nacional de promoción de la inversión privada.

“Este predictamen evidencia que el Parlamento puede actuar con firmeza política y técnica a la vez incluso en un contexto de transición gubernamental y de emergencia nacional”, puntualizó.

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