Derecho
Manuel Madrid Tataje
Abogado urbanista
La trascendencia de esta norma no radica solo en ampliar el mecanismo de obras por impuestos. Radica en reconocer finalmente que una ciudad no se construye únicamente con obras visibles, sino también con información, estudios, visión y servicios que sostienen su funcionamiento diario. La planificación deja de ser un lujo y se convierte en un componente financiable del desarrollo.
El país lo necesitaba. Según el Renamu 2022, el 89.6% de municipalidades no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano, y la mayoría señala falta de recursos como principal limitante. Este déficit explica buena parte de los problemas urbanos del Perú: expansión desordenada, riesgos no mitigados, congestión, conflictos y baja competitividad. El artículo 3-A ataca directamente esa raíz, permitiendo financiar planes urbanos, catastros, estudios de microzonificación y otros instrumentos decisivos para ordenar el territorio.
Todos ellos pueden ahora ser financiados por contribuyentes, siempre bajo supervisión estatal, con valorización a precios de mercado y estándares técnicos aprobados por la entidad pública correspondiente.
No se trata de privatizar la planificación ni la gestión urbana. El privado financia y ejecuta; el Estado dirige, supervisa y aprueba. Es una colaboración regulada, diseñada para fortalecer capacidades y cerrar brechas que los municipios, con recursos tradicionales, no pueden enfrentar.
El desafío inmediato será la reglamentación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que deberá convertir este potencial en procesos simples, claros y ejecutables. De ello dependerá que la norma sea un motor real de transformación y no una buena idea estancada en el papel. Si se implementa con visión, la Ley N.° 32460 puede inaugurar una nueva etapa en el país: una en la que los municipios, por fin, comiencen a planificar en serio y a gestionar servicios con calidad, dinamismo y sostenibilidad. Es una oportunidad histórica. Y no deberíamos dejarla pasar.