Editorial
“Defender la Convención de Caracas no implica negar la protección a los verdaderos perseguidos políticos; [...] significa preservar su integridad para que continúe siendo un mecanismo eficaz cuando realmente se necesita”.
El principio del asilo diplomático nació en nuestra región para resguardar la vida y la libertad de quienes eran perseguidos por motivos estrictamente políticos. Fue una respuesta humanitaria y soberana frente a episodios históricos de autoritarismo y persecución ideológica. Sin embargo, como ha señalado el canciller, existe hoy una preocupante tendencia a desnaturalizar esta figura, utilizándola para amparar a personas investigadas o procesadas por delitos comunes, desligados de la persecución política que la convención buscó enfrentar.
El Perú ha advertido reiteradamente que esta distorsión no solo erosiona la confianza entre Estados, sino que también pone en riesgo la credibilidad de un instrumento jurídico construido de manera colectiva. Si el asilo diplomático se convierte en una vía para eludir la justicia ordinaria, pierde legitimidad y se transforma en una herramienta de impunidad. Esa no fue, ni puede ser, su finalidad.
La intervención del canciller ante la OEA, orientada a promover consensos y reafirmar la interpretación correcta de la convención, es un paso indispensable para recuperar claridad normativa en un tema que afecta directamente la cooperación regional. Defender la Convención de Caracas no implica negar la protección a los verdaderos perseguidos políticos; por el contrario, significa preservar su integridad para que continúe siendo un mecanismo eficaz cuando realmente se necesita.
Además, resulta fundamental recordar que la protección diplomática no puede contradecir el principio de no intervención ni vulnerar la responsabilidad de los Estados con sus respectivos sistemas de justicia. América Latina ha avanzado significativamente en la consolidación de instituciones democráticas y en la independencia de sus poderes judiciales. Permitir que el asilo se utilice como refugio para evadir investigaciones por corrupción, lavado de activos u otros delitos equivaldría a debilitar esos avances y retroceder en la lucha contra la impunidad.
El Perú ha planteado este debate con respeto, rigor jurídico y vocación de entendimiento. La búsqueda de consensos no es incompatible con la defensa firme de principios. Por el contrario, es el camino para que la región refuerce su compromiso con los valores democráticos, con la cooperación entre Estados y con la aplicación coherente del derecho internacional.