Derecho
Carlos Cadillo Ángeles
Socio de Miranda & Amado Abogados
Entre las recomendaciones se destacan tres propuestas de medidas de promoción; que –no obstante– dependen de acciones de implementación concretas de parte del actual gobierno o que podrán ser agregadas en la agenda política del próximo Congreso o Ejecutivo. La primera es evaluar el marco legal en materia de relaciones colectivas, con el fin de establecer disposiciones que promuevan la negociación colectiva y respondan a las nuevas formas de empleo impulsadas por la digitalización y automatización.
Ello implica garantizar la inclusión de nuevos actores laborales, promover la igualdad de género, proteger a trabajadores migrantes o autónomos, y adoptar prácticas sostenibles frente al cambio climático, asegurando así la protección efectiva de los derechos laborales en un contexto de transformación empresarial y en toda la cadena de suministro. Luego se plantea que, en el marco de los reconocimientos otorgados a las empresas, se incluyan criterios vinculados con la conducta empresarial responsable y a la debida diligencia, con énfasis en los derechos colectivos de los trabajadores.
El objeto es que las empresas implementen medidas de debida diligencia que fomenten una cultura de prevención y respuesta en todas las redes de subcontratación. Finalmente, la tercera propone diseñar una estrategia de capacitación y campañas de difusión.
En el primero se sugiere abordar conceptos básicos de debida diligencia dirigidos a representantes de la parte laboral y la parte empleadora, y a funcionarios del MTPE, y en el segundo, que las áreas competentes del MTPE y Sunafil, en articulación con entidades vinculadas, promuevan una cultura empresarial de respeto a los derechos laborales en toda la cadena de suministro, a fin de consolidarla en las distintas actividades productivas del país.