Derecho
La denuncia, presentada originalmente por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, atribuyó a Espinoza y a otros fiscales supremos la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, delitos tipificados en los artículos 376, 418, 438 y 361 del Código Penal, en agravio del Estado. Los hechos se vinculaban principalmente con la emisión de la Resolución 2246-2024-MP-FN, la cual —según el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales— habría modificado de manera indebida los roles entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, contraviniendo la Ley 32130.El 8 de abril de 2025, la Subcomisión admitió a trámite la imputación. Posteriormente, la Comisión Permanente otorgó un plazo de quince días hábiles para realizar la investigación. La audiencia con las partes se llevó a cabo el 18 de julio de 2025, con la participación de los denunciantes y de los denunciados, representados por sus defensas.El 18 de noviembre, la Subcomisión aprobó por mayoría el informe final que recomendó acusar a Espinoza por los citados delitos. Entre los argumentos destacaron presuntas “motivaciones arbitrarias e ilegales” en la resolución cuestionada, así como la emisión de disposiciones contrarias a la ley y la promoción de actos que corresponderían exclusivamente a la Policía Nacional.La Comisión Permanente aprobó dicho informe el 25 de noviembre y dispuso la conformación de la subcomisión acusadora para sustentar el caso ante el Pleno. Finalmente, el Congreso resolvió declarar haber lugar a la formación de causa penal contra Espinoza, señalándola como presunta autora de los delitos en agravio del Estado, da la cuenta la Resolución Legislativa Nº 007-2025-202-CR.
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— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) December 5, 2025