Editorial
“La inclusión laboral rompe el círculo de exclusión social y económica que afecta a muchas personas con discapacidad [...]”.
La campaña “Por más empresas inclusivas”, implementada en diversas regiones del país, ha sensibilizado a 356 empresas y ha promovido la contratación formal de trabajadores con discapacidad. Como resultado, más de 4,329 personas fueron incorporadas a planilla electrónica en comparación con el 2022, y se verificó que 1,787 empresas contrataron al menos a un trabajador con habilidades diferentes. Además, en lo que va del año, 6,672 empresas privadas formales han contratado a cerca de 13,000 trabajadores con discapacidad, cifras que evidencian un avance sostenido en la sensibilización empresarial y en la reducción de brechas de acceso al empleo.
Estos progresos son importantes no solo por su magnitud, sino también por su significado. La inclusión laboral rompe el círculo de exclusión social y económica que afecta a muchas personas con discapacidad, permite autonomía, mejora la calidad de vida y contribuye a transformar los prejuicios que persisten en la sociedad peruana. La discapacidad no anula capacidades: lo que limita es la falta de oportunidades, la ausencia de ajustes razonables y la persistencia de estigmas que reducen a las personas a sus diagnósticos, ignorando sus competencias reales.
El esfuerzo articulado entre instituciones también es un avance que merece destacarse. El convenio suscrito entre Sunafil y el Programa Nacional Contigo del Midis busca garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y promover condiciones dignas de seguridad y salud en el trabajo. Además, ferias de empleo, maratones laborales y bolsas especializadas han permitido que 161 personas con discapacidad accedan a trabajos formales solo en Lima Metropolitana durante este año. La participación del sector empresarial en el Encuentro Alianzas para la Empleabilidad Inclusiva confirma que la inclusión laboral no es solo una política pública, sino también un compromiso compartido entre Estado, empresas y sociedad civil.
Sin embargo, estos avances deben consolidarse. La inclusión laboral exige supervisión constante, sanciones a quienes discriminan y mecanismos efectivos de fiscalización, pero, sobre todo, requiere un cambio cultural: comprender que la diversidad enriquece a las organizaciones y que la productividad del país depende de aprovechar todos los talentos, sin excepción.
El Perú aún tiene un largo camino por recorrer, pero cada empleo formal para una persona con discapacidad es una victoria contra la indiferencia, una afirmación de dignidad y una señal de que el país puede avanzar hacia un modelo más inclusivo y humano. La inclusión no debe ser una noticia excepcional: debe convertirse en la norma.