Editorial
“En un contexto en el que el Perú aspira a integrarse a la OCDE, reducir la informalidad laboral no es solo una exigencia económica, sino también un imperativo social.”
La informalidad no es sinónimo de inactividad ni de falta de esfuerzo. Por el contrario, millones de peruanos generan ingresos diariamente en condiciones adversas, sostienen hogares numerosos y cumplen un rol clave en la economía popular y en la seguridad alimentaria de las zonas más pobres. Sin embargo, su trabajo se desarrolla sin acceso adecuado a crédito, sin formación técnica, sin protección frente a la inseguridad, sin servicios de cuidado para sus hijos o adultos mayores a cargo, y con escaso respaldo del Estado. Estas barreras impiden dar el salto hacia mayores niveles de productividad, competitividad e ingresos.
La buena noticia es que esta realidad no es irreversible. Existe una ventana de oportunidades para transformar la informalidad urbana en un proceso gradual de inclusión productiva. El primer paso es reconocer que la formalización no puede basarse en la imposición de exigencias burocráticas desconectadas de la realidad de los trabajadores. Se requiere, más bien, un enfoque integral que combine simplificación administrativa, acceso efectivo al crédito, capacitación técnica, digitalización de negocios, acompañamiento productivo y ampliación de servicios sociales.
El fortalecimiento de los mercados populares, de las “paraditas” y del comercio minorista puede convertirse en un motor de desarrollo local si se garantiza infraestructura adecuada, seguridad, servicios básicos y cadenas de abastecimiento eficientes. Del mismo modo, es urgente expandir la red de centros de cuidado infantil y de adultos mayores, lo que permitiría a miles de mujeres acceder a mejores condiciones de trabajo y generar mayores ingresos. La inclusión financiera, a través de microcréditos flexibles y seguros, también resulta clave para evitar la pérdida constante del capital de trabajo.
Asimismo, la formalización debe ir de la mano con políticas activas de empleo, compras públicas a pequeños productores, asociatividad y programas de transición a la formalidad con incentivos reales, no con sanciones que solo profundicen la exclusión. Integrar a estos trabajadores a la seguridad social, aunque sea de manera progresiva, es una inversión en salud pública, productividad y cohesión social.
En un contexto en el que el Perú aspira a integrarse a la OCDE, reducir la informalidad laboral no es solo una exigencia económica, sino también un imperativo social. La informalidad urbana es hoy uno de los principales desafíos del desarrollo nacional, pero también una de sus mayores oportunidades. Convertir trabajo precario en trabajo digno es el verdadero camino hacia una economía más inclusiva, resiliente y justa.