Derecho
Esta iniciativa busca triplicar la cobertura de defensores públicos en todo el país, pasando de 3 a 14 defensores por cada 10 000 personas en situación de vulnerabilidad, lo que permitirá ampliar significativamente la atención legal gratuita en zonas urbanas y rurales, donde aún persisten barreras de acceso a la justicia.También apunta a transformar el acceso a la justicia en el país pues permitirá incrementar la cobertura de defensa pública, pasando de 3 a 14 defensores por cada 10 000 personas en situación de vulnerabilidad. Con ello, se ampliará de manera decisiva la atención legal gratuita en zonas urbanas y rurales, especialmente en aquellas donde aún persisten brechas que impiden a miles de peruanos ejercer plenamente sus derechos.La propuesta normativa plantea que la SUNADEP cuente con autonomía administrativa, técnica y presupuestal, permitiéndole planificar, dirigir y ejecutar políticas públicas orientadas a mejorar de manera sostenida la defensa pública en el país. Esta autonomía facilitará la asignación eficiente de recursos, la implementación de mecanismos de supervisión y control, el fortalecimiento de la formación permanente de los defensores públicos y, sobre todo, asegurará la independencia técnica necesaria para una defensa efectiva.Actualmente, miles de ciudadanos enfrentan barreras para acceder a servicios legales, lo que afecta principalmente a personas de escasos recursos económicos, poblaciones rurales y comunidades en condición de vulnerabilidad. A ello se suma la desconfianza en el sistema de administración de justicia, que se ve profundizada por la insuficiente cantidad de defensores públicos disponibles en el país.Con esta propuesta, se proyecta una mejora sostenida en la calidad del servicio, asegurando una representación legal más cercana, especializada y gratuita, que permitirá proteger derechos fundamentales, acelerar procesos y reducir las brechas de desigualdad en el acceso a la justicia.De esta manera, el MINJUSDH reafirma su compromiso de construir un Estado más cercano, eficiente y al servicio de la ciudadanía, fortaleciendo el derecho constitucional de acceso a la justicia para miles de peruanos que hoy más lo necesitan.