Política
“La exigencia de resultados, como la disminución del número de atentados y de homicidios, representa un punto de quiebre porque significa que ya se ha logrado la estabilidad, que era el primer objetivo”, declaró el funcionario durante su diálogo con periodistas de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú.
Recalcó que la actual gestión ha asumido el reto de enfrentar la criminalidad y cumplir metas concretas de cara al ciudadano antes de la transmisión de mando, sin recurrir a medidas orientadas a la búsqueda de legitimidad política. Explicó que para ello el Ejecutivo tomará como referencia la experiencia nacional en la lucha contra el terrorismo y la complementará con enfoques aplicados en otros países, como el Plan Bratton y algunas medidas adoptadas en El Salvador. Entre ellas, mencionó el fortalecimiento de las sanciones por la tenencia ilegal de armas, la actualización del tipo penal de la extorsión para responder a la complejidad actual del delito y la penalización de la pertenencia a bandas criminales.
“Tenemos las facultades delegadas por el Congreso y vamos a hacer uso de ellas. Los grupos técnicos de los ministerios ya están trabajando y se engloban básicamente en dos rubros: en el tema de seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia; y en materia de estabilidad económica, el Ministerio de Economía y Finanzas”, precisó.
Tía María
Alvarez destacó que el proyecto minero Tía María constituye una iniciativa emblemática que el Gobierno busca viabilizar como una señal clara a favor de las inversiones, en un contexto de competencia regional con países como Chile y Bolivia.
“No podemos dejar que suceda lo que pasó con Conga. Allí donde la minería legal no se desarrolla, cede su espacio a la minería ilegal que contamina y ejerce violencia social, violencia física contra las comunidades que se opusieron a la minería”, sostuvo.
Indicó que las comunidades y poblados cercanos al proyecto ya han expresado su disposición a facilitar la licencia social y se han pronunciado a favor en los procesos de consulta previa.