Derecho
La magistrada formuló estas apreciaciones tras declarar inaugurado el Cuarto Congreso Internacional y Nacional sobre Estándares para el Acceso a la Justicia de Población Refugiada, Migrante y otras Personas con Necesidad de Protección, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.
“Detrás de cada caso que llega a nuestras cortes superiores hay un pasado marcado por riesgo, ruptura y miedo, pero también esperanza: la de ser recibidos con dignidad”, anotó.
Álvarez destacó, además, que el certamen tiene como objetivo fortalecer la protección internacional de la población refugiada, migrante y de quienes requieren atención específica.
“Este es un espacio con sentido humano y tiene como propósito seguir con la consolidación del acceso a la justicia como derecho fundamental para quienes enfrentan uno de los procesos más difíciles: el desplazamiento forzado”, afirmó.
El Perú es el segundo país que acoge al mayor número de personas inmigrantes provenientes de Venezuela, después de Colombia, con alrededor de un millón 700,000.
Por otro lado, la magistrada resaltó la participación en el congreso de destacados especialistas que abordaron temas como la trata de personas (llamada la esclavitud del siglo XXI), protección internacional, lucha contra la violencia de género y los nuevos retos de la movilidad humana en entornos cada vez más complejos.
Sentencia
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 17 años de prisión efectiva a tres integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por los delitos de tortura agravada y abuso sexual en agravio de la ciudadana trans de iniciales L.A.R.M., identificada en la actualidad como Azul Rojas Marín.
Se trata de los agentes Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, quienes deberán cumplir con el pago de una reparación civil de 150,000 soles. Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso la ubicación y captura de los tres sentenciados que no podrán, además, ejercer la función policial ni desempeñar cargos de elección popular. El juzgado colegiado estuvo conformado por la jueza Nayko Coronado Salazar, quien lo preside, e integrado por los magistrados Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe Umasi.