Editorial
“En una democracia madura, las elecciones no se ganan por la vía del insulto ni del ataque personal, sino por la capacidad de persuadir al electorado con ideas viables, diagnósticos rigurosos y compromisos claros.”
Como señaló el presidente del JNE, Roberto Burneo, la ética no es un límite para la política, sino su mayor fortaleza. Esta afirmación cobra especial sentido en el Perú de los últimos años, donde la discusión política ha experimentado un descenso evidente en calidad, profundidad y responsabilidad. La confrontación basada en descalificaciones personales, el uso sistemático de la desinformación y la primacía del escándalo sobre las propuestas han erosionado la confianza ciudadana y debilitado la legitimidad del sistema democrático.
El Pacto Ético Electoral apunta precisamente a revertir esta tendencia. Al promover una campaña limpia, basada en el respeto democrático y en el derecho de los ciudadanos a un voto informado, el acuerdo plantea un marco mínimo de convivencia política. No busca homogeneizar el debate ni anular la confrontación de ideas –esencial en toda democracia–, sino encauzarla hacia el terreno que nunca debió abandonar: el de los programas, las propuestas y las visiones de país.
En una democracia madura, las elecciones no se ganan por la vía del insulto ni del ataque personal, sino por la capacidad de persuadir al electorado con ideas viables, diagnósticos rigurosos y compromisos claros. En ese sentido, el interés puesto por el JNE en el voto informado es clave. Un ciudadano que cuenta con información suficiente y contrastada puede evaluar con mayor criterio a los candidatos y exigir coherencia entre el discurso y la acción política.
La creación de un tribunal de honor, integrado por ciudadanos independientes, refuerza la seriedad de esta iniciativa. Su función como instancia moral de vigilancia no sustituye a las sanciones legales, pero sí introduce un mecanismo de control ético que apela a la responsabilidad pública de los actores políticos. En un país marcado por la desconfianza y el descrédito institucional, este tipo de herramientas contribuye a reconstruir puentes entre la política y la sociedad.
Por supuesto, ningún pacto es suficiente por sí solo. Su eficacia dependerá del cumplimiento real de los compromisos asumidos y de la vigilancia activa de la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil. Sin embargo, el solo hecho de establecer reglas claras y de reconocer públicamente la necesidad de elevar el nivel del debate ya es un paso en la dirección correcta.
Con miras a las elecciones del 2026, el Perú necesita campañas que informen, no que dividan; que propongan, no que degraden. El Pacto Ético Electoral es una oportunidad para empezar a recuperar el sentido de la política como un espacio de deliberación responsable al servicio del bien común. Aprovecharla es una responsabilidad compartida.