Normas Legales: Crean grupo que coordinará implementación de proyectos de infraestructura penitenciaria
La creación del grupo de trabajo se da en el marco de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria 2025-2026 y el mandato derivado del Auto del Tribunal Constitucional del 23 de mayo de 2025 (Exp. Nº 05436-2014-PHC/TC) vinculado a la problemática penitenciaria.
La medida fue establecida mediante Resolución Ministerial Nº 0469-2025-JUS publicada en edición extraordinaria del Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La norma precisa que el grupo de trabajo tiene por objeto coordinar, articular y proponer acciones técnicas, normativas y financieras destinadas a impulsar la implementación de proyectos de infraestructura penitenciaria, incluyendo nuevos establecimientos, ampliaciones y modernizaciones, garantizando su coherencia con las políticas.
Estará integrado por representantes de las siguientes entidades:
• Un (01) representante del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual preside el Grupo de Trabajo.
• Un (01) representante del Viceministerio de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• Un (01) representante del Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).
• Un (01) representante del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
• Un (01) representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
• Un (01) representante de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
Cada entidad designará a su representante titular y alterno en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, mediante comunicación dirigida a la Secretaría Técnica.
El grupo de trabajo tendrá una vigencia de doce (12) meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, pudiendo prorrogarse mediante resolución ministerial, según acuerde el citado grupo de trabajo, en función al cumplimiento de su objeto.
La participación de sus miembros es ad honórem, sin generar gasto adicional al Estado. Cada entidad asume los gastos derivados de la participación de sus representantes, con cargo a su presupuesto institucional.
La presente resolución lleva la firma del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter E. Martínez Laura.
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