Editorial
“Actuar con rapidez, coordinación y firmeza no solo es una obligación del Gobierno, sino también una condición indispensable para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de todos los peruanos”.
La experiencia ha demostrado que entre los principales problemas en el combate a la criminalidad están la falta de normas, y la lentitud y fragmentación del sistema de justicia. Cuando la Policía detiene a un presunto delincuente, pero el proceso se dilata o se desarticula entre instituciones, el mensaje que se transmite es de impunidad. Un subsistema que articule de manera efectiva a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial puede marcar una diferencia sustantiva al permitir sanciones rápidas, oportunas y ejemplares.
La urgencia de este enfoque se explica por la naturaleza de los delitos que se busca enfrentar. La extorsión, en particular, ha demostrado ser un fenómeno extendido que afecta a pequeños comerciantes, transportistas y familias, generando miedo y normalizando la violencia. Como ha señalado el propio Gobierno, en muchos casos no se trata de grandes organizaciones criminales, sino de individuos que aprovechan la debilidad del sistema para obtener dinero fácil. Por ello, una respuesta inmediata y eficaz puede tener un fuerte efecto disuasivo.
El subsistema propuesto debe apoyarse en el trabajo de inteligencia y en la coordinación interinstitucional. El intercambio de información entre los servicios de inteligencia del Estado y el acompañamiento directo a las unidades policiales especializadas han mostrado resultados iniciales positivos. Estos avances evidencian que cuando el Estado actúa de manera cohesionada y con liderazgo político es posible romper inercias y corregir prácticas pasivas que durante años han limitado la efectividad de la lucha contra el delito.
No obstante, para que este subsistema sea realmente efectivo se requiere un compromiso sostenido de todos los actores involucrados. Fiscales y jueces deben asumir un papel activo, conscientes de la gravedad del momento y de la necesidad de respuestas rápidas en el marco del debido proceso. La celeridad no debe confundirse con improvisación; significa, más bien, eficiencia, profesionalismo y responsabilidad institucional.
La inseguridad no admite soluciones parciales ni discursos complacientes. La ciudadanía demanda resultados concretos y señales claras de que el Estado está dispuesto a recuperar el control frente al avance del crimen. Impulsar un subsistema ágil y articulado constituye una herramienta clave en ese esfuerzo, pero debe formar parte de una estrategia integral que incluya prevención, fortalecimiento institucional y presencia efectiva del Estado en los territorios más afectados.
Combatir la criminalidad, ante todo, es una tarea urgente. Actuar con rapidez, coordinación y firmeza no solo es una obligación del Gobierno, sino también una condición indispensable para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de todos los peruanos.