Editorial
Las cifras proporcionadas por la Contraloría General de la República son elocuentes: más de 2,200 obras públicas paralizadas en los tres niveles de gobierno, con una inversión comprometida superior a los 42,000 millones de soles y un saldo pendiente de ejecución que supera los 20,000 millones. Esta situación revela ineficiencias administrativas, además de una forma de gestionar el gasto público que ha priorizado el anuncio político sobre la viabilidad técnica y presupuestal de los proyectos.
En ese sentido, resulta acertado que el Ejecutivo plantee abordar el problema desde una lógica de solución y no únicamente desde la búsqueda de responsabilidades. Reconocer que muchas de estas obras fueron comprometidas sin contar con el financiamiento completo –en particular bajo esquemas de Gobierno a Gobierno– permite identificar una de las causas estructurales de la parálisis: la ruptura de la cadena de pagos y la improvisación en la programación presupuestal. Corregir esa práctica es indispensable para evitar que el problema se reproduzca en el futuro.
La decisión de someter el presupuesto de la Autoridad Nacional de Infraestructura y los proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno a una revisión previa del Ministerio de Economía y Finanzas apunta precisamente en esa dirección. Fortalecer el rol rector del MEF no significa frenar la inversión, sino asegurar que esta sea sostenible, ordenada y ejecutable. La inversión pública pierde su sentido cuando se convierte en promesa inconclusa o en pasivo fiscal encubierto.
Asimismo, el mensaje de firmeza respecto a Petroperú refuerza la línea de disciplina fiscal que el Gobierno busca consolidar. Tras años de significativas inyecciones de recursos públicos, resulta razonable que se establezcan límites claros y mecanismos que impidan que la empresa estatal continúe generando cargas recurrentes para el erario nacional. Proteger los recursos de todos los peruanos exige decisiones difíciles, pero necesarias.
En conjunto, las medidas anunciadas reflejan un esfuerzo por ordenar la gestión pública, priorizar la eficiencia del gasto y dejar bases más sólidas para la siguiente administración. Destrabar las obras paralizadas no es solo una tarea técnica; es también una obligación ética con millones de ciudadanos que esperan que el Estado cumpla, esta vez, con lo que promete.