Editorial
“El cambio de gobierno a mitad del 2026 no puede ser pretexto para la improvisación ni para empezar de cero. Por el contrario, debería ser la oportunidad para construir políticas de Estado, [...]”.
En ese contexto, es necesario fijar, desde ahora, metas verificables que permitan evaluar, al 31 de diciembre del 2026, si el país ha dado pasos concretos para recuperar los espacios públicos y fortalecer la confianza en las instituciones. Ello supone, en primer lugar, consolidar la articulación en marcha entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, de modo que las detenciones se traduzcan en investigaciones sólidas, acusaciones consistentes y sentencias oportunas. Un sistema que detiene pero no sanciona termina enviando un mensaje de impunidad. En ese contexto es consistente la próxima creación de un sistema de justicia especializado en la lucha contra el sicariato y la extorsión anunciado por el Ejecutivo.
En segundo lugar, el próximo año deben quedar consolidados mecanismos permanentes de inteligencia y análisis criminal, capaces de anticipar tendencias delictivas, identificar patrones y desarticular organizaciones, en lugar de limitarse a operativos aislados. El fortalecimiento de las unidades especializadas contra la extorsión, el sicariato y la trata de personas, así como la depuración interna de malos elementos, resulta indispensable para devolver legitimidad a la acción policial.
Un tercer objetivo clave es optimizar políticas de prevención con rostro territorial. La lucha contra la delincuencia no solo se gana con más patrulleros o mayor presencia armada, sino también con programas concretos para jóvenes en riesgo, recuperación de espacios públicos, iluminación de zonas críticas y presencia sostenida del Estado en barrios vulnerables. Los gobiernos regionales y locales deben asumir una función protagónica, con planes de seguridad ciudadana que no se queden en el papel y que cuenten con financiamiento y seguimiento.
El cambio de gobierno a mitad del 2026 no puede ser pretexto para la improvisación ni para empezar de cero. Por el contrario, debería ser la oportunidad para construir políticas de Estado, con compromisos mínimos que trasciendan las gestiones de turno. Un pacto político básico en materia de seguridad –que preserve los avances normativos, consolide los sistemas de información y asegure la continuidad de los programas efectivos– sería una señal potente de madurez institucional.
Más allá de las cifras, lo que la ciudadanía espera es percibir que el Estado actúa con coherencia, que las reformas no se diluyan con los cambios de gobierno y que la seguridad ciudadana se asume como una prioridad nacional permanente. Convertir esa expectativa en realidad es el gran reto que deja planteado el año que empieza.