Derecho
Manuel Madrid Tataje
Abogado en derecho urbanístico y municipal
La resolución marca un punto de inflexión relevante para la gestión urbana en América Latina. TransMilenio deja de ser concebido únicamente como un operador de movilidad para asumir, de manera expresa, un papel activo en la estructuración de ciudad. El transporte pasa a entenderse como una plataforma capaz de articular desarrollo inmobiliario, actividad económica y provisión de servicios urbanos, bajo una lógica de planificación y aprovechamiento eficiente del suelo.
Esta nueva orientación no se ha quedado en el plano normativo. Se expresa de manera concreta en la línea de desarrollo inmobiliario que la entidad promueve, cuyo primer hito es el Proyecto Primero de Mayo. Se trata del primer desarrollo inmobiliario impulsado en un predio propio de TransMilenio, ubicado en el entorno de la estación intermedia de la avenida Primero de Mayo, mediante una convocatoria dirigida a desarrolladores privados para proyectos de usos mixtos compatibles con el sistema de transporte público.
El Proyecto Primero de Mayo resulta ilustrativo porque materializa una idea central: la infraestructura financiada con recursos públicos genera valor urbano, y ese valor puede ser gestionado de forma activa en beneficio de la ciudad. TransMilenio no solo opera el sistema; interviene sobre el suelo, activa centralidades y habilita ingresos no tarifarios, alineando movilidad, desarrollo urbano y sostenibilidad financiera.
Este enfoque resulta especialmente pertinente para Lima, una ciudad que enfrenta dificultades estructurales para financiar infraestructura, coordinar transporte y planificación urbana, y asegurar un uso eficiente del suelo. Contar con entidades de transporte con capacidades para gestionar suelo permitiría avanzar hacia modelos más integrados, en los que la inversión en movilidad se complemente con planificación territorial y captura razonable del valor generado.
La experiencia de Bogotá demuestra que este tránsito no es automático ni exento de complejidades. Requiere decisiones políticas claras, marcos normativos explícitos y capacidades técnicas sólidas. Pero también evidencia que es posible redefinir el rol de los operadores públicos y convertirlos en actores estratégicos de la construcción de ciudad.
La lección es clara: integrar transporte y gestión del suelo no es una aspiración teórica, sino una decisión institucional. Lima no carece de diagnósticos; carece de decisiones.